Ya advertimos en su día de que era imposible respetar las "líneas rojas" en materia lingüística que Artur Mas había marcado a Rajoy y, a la vez, cumplir y hacer cumplir las leyes y sentencias que defienden el derecho a tener el español como lengua vehicular en la enseñanza.
El ministro Wert creyó, sin embargo, haber encontrado una solución de compromiso con su idea de hacer conciertos con colegios privados para que los niños catalanes o baleares también pudieran estudiar en español. Es evidente que esta ocurrencia del ministro de Educación, que nos retrotrae a los planes propios del Instituto Cervantes en su labor de divulgación del castellano fuera de nuestras fronteras, tampoco ha servido para evitar esas polémicas con los nacionalistas que tanto parecen preocupar al presidente del Gobierno. De hecho, tras los llamamientos a la desobediencia lanzados por Artur Mas y el plante de la consejera catalana de Educación, el ministro Wert ha querido recular en su ya acomplejada intención de garantizar por ley algo que la ley y las sentencias –se supone– ya garantizan y defienden: el derecho de los catalanes a estudiar en español.
Dejando al margen el bochornoso espectáculo que ha ofrecido el ministro, y con total independencia de cómo quiera denominar los cambios que ha hecho en el borrador tras las protestas de los nacionalistas, lo que es evidente es que, con ellos o sin ellos, el proyecto de reforma educativa, en lo que a materia lingüística se refiere, quedará igualmente en papel mojado mientras los gobernantes nacionalistas no lo quieran cumplir y el Gobierno central no obligue a su cumplimiento.
El borrador legislativo de Wert no venía ni viene a cubrir ningún vacío legal en defensa del castellano, sino a encubrir la renuencia del Gobierno de Rajoy a hacer cumplir tanto la ley como las sentencias que defienden estos derechos civiles elementales.
En este sentido, podemos y debemos denunciar la desfachatez del PSC y de los partidos nacionalistas, que aun han tenido la poca vergüenza de denunciar ante la UE el "asedio" que sufre el catalán. Pero esta desfachatez no deja de ser coherente con el victimismo al que nos tienen acostumbrados los firmes partidarios de la coactiva e inconstitucional inmersión lingüística. Lo que tenemos que entender es por qué si es el castellano, lengua materna de más de la mitad de los catalanes, la que está proscrita de la enseñanza no es el PP el que lleva a cabo este tipo de denuncia. Y la razón de ello es que el Gobierno de Rajoy es tan responsable como los nacionalistas de esta situación de facto.
No faltarán quienes aleguen con razón que, más allá de la cuestión de la lengua, la reforma educativa de Wert tiene aspectos dignos de aplauso, que se encaminan en la buena dirección, como es que el Estado decidirá el cien por cien del contenido de las asignaturas troncales. Pero en el pecado lleva Wert su penitencia, y no habrá nada en esa reforma de positivo mientras no se cumpla ni se haga cumplir.