La izquierda que encarna Zapatero tiene un proyecto ideológico muy definido para tratar de subvertir las costumbres y las instituciones sociales de corte más tradicional. Con su obsesión por crear un hombre nuevo que pueda ser sometido y manejado con mayor facilidad por el Estado, se ha colocado como misión erradicar todos aquellos contrapesos que existan frente a la expansión de su discrecionalidad; y uno de ellos es esa presunción moral que tanto disgusta a nuestra izquierda de poner en valor la vida frente a la muerte y, por tanto, al ser humano frente a cualquier otro tipo de consideraciones que justifiquen la actuación estatal.
Si en esta materia el comienzo de la legislatura vino marcado por la Ley del Aborto –la creación de un derecho de la mujer a abortar, esto es, a violentar el derecho a la vida del nasciturus bajo cualquier circunstancia dentro de las primeras 14 semanas de embarazo–, su conclusión parece que se verá muy influida por la regulación de la eutanasia, una normativa que eufemísticamente se llamará "Ley de Cuidados Paliativos".
Aunque podría defenderse la necesidad de una normativa que especificara con gran claridad y bajo numerosos controles la formalización de testamentos vitales en los que el individuo especifique cuál debe ser la respuesta de los centros sanitarios ante una serie de supuestos muy tasados, no podemos más que temernos lo peor del Gobierno de la cultura de la muerte que ha convertido al doctor Montés en un héroe nacional.
Y es que esta ley debería dirigirse, en todo caso, a proteger a los individuos de la injerencia de las autoridades políticas y sanitarias (o incluso de sus propios familiares) en unos momentos críticos de su vida. Es decir, debería constituirse en un impedimento para que cualquier otra persona distinta de la interesada pudiera tomar una decisión tan trascendental como es la de seguir con vida o no.
Sin embargo, todo indica que el Gobierno busca justo lo contrario: reducir las garantías con las que cuenta el individuo para defenderse de la arbitrariedad de otras personas para poner punto final a su vida. A falta de que el PSOE concrete su propuesta, existe un enorme riesgo a que se institucionalice –a imagen y semejanza del derecho al aborto– un derecho a la eutanasia por parte de médicos y familiares, aun con oposición activa o por omisión de la víctima.
Si estuviéramos en una sociedad donde ninguna persona ni ningún cargo público tratara de abusar de su poder sino que intentara en todo momento cumplir con absoluto rigor las disposiciones legales, podríamos asistir a un debate destinado a clarificar y afianzar el uso de nuestros derechos. En la actual sociedad española de violación permanente de la legalidad por parte de los burócratas, este tipo de normativas, por desgracia, sólo parece que vayan a orientarse, no hacia el respeto de las libertades, sino hacia su continua y final conculación.