Bien está que, a instancias de la Fiscalía, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya citado a declarar como imputado de un delito de humillación a las víctimas al concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata. Poner, como puso este indeseable en uno de sus tuits, "Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa a por repuestos" es un ejemplo insuperable del delito tipificado en el articulo 578 del Código Penal, que señala muy claramente que todo acto que entrañe "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de uno a dos años".
Ahora bien, a pesar de que la existencia del delito es clara, que nadie cante victoria a favor de las víctimas ni dé por segura la condena. Y no sólo por el largo historial de escandalosas absoluciones que el juez Pedraz ha concedido a personas que también fueron imputadas por vejaciones a las víctimas o por desordenes públicos; también porque, al margen de la encomiable imputación, tanto el juez como el fiscal han solicitado a la asociación de víctimas Dignidad y Justicia una astronómica fianza, que alcanza los 20.000 euros, para personarse como acusación popular.
Jamás en la historia de la Audiencia Nacional se ha pedido a un colectivo de víctimas semejante cantidad de dinero para poder personarse como acusación. A lo más que se ha llegado, tal y como ha recordado Daniel Portero, ha sido a 12.000 euros, cantidad que para casi todas esas asociaciones ya resultaría un obstáculo para ejercer el derecho de acusación de manera efectiva.
Resulta hiriente que, para enjuiciar una vejación a las víctimas del terrorismo, el juez y la Fiscalía tengan que humillar a una asociación de víctimas exigiéndole una astronómica fianza para ejercer la acusación. Con fianzas de ese importe lo que se hace es conceder de facto al Ministerio Público un monopolio para ejercitar la acusación que el ordenamiento jurídico no le concede.
Por otra parte, ¿a santo de qué cita el juez Pedraz a Irene Villa como testigo? Villa ha sido víctima de la humillación de Zapata; pero testigos de ello han sido todos los españoles. ¿Por qué no citar a declarar también como testigos a los familiares de las niñas violadas y asesinadas en Alcácer?
El tiempo dirá si este empeño institucional, previsiblemente exitoso, de apartar a las asociaciones de víctimas del proceso contra Zapata no es más que un apaño para que el edil salga lo más airoso posible en el ámbito penal. Para lo que no hay que esperar, sin embargo, es para reclamar responsabilidades políticas. No sólo a Zapata, que debe abandonar todo cargo público, sino al PSOE, por el vergonzoso respaldo que está prestando a Podemos y a su marioneta, Ahora Madrid, que no quieren cambiar las leyes sino saltárselas.