Cuando los secesionistas ven ralear las filas de su tropa, los estrategas del agitprop cambian el chip de la independencia por el del derecho a decidir, convertido en el anzuelo apropiado para pescar podemitas y colauitas renuentes a comprometerse con la desconexión unilateral. Así fue como consiguieron que Ada Colau y Gerardo Pisarello se situaran detrás de la gigantesca pancarta que rezaba "DEMOCRÀCIA" cuando los capitostes del secesionismo puro y duro –incluidos el decapitado Artur Mas, sus verdugos de la CUP y el beneficiado por la decapitación Carles Puigdemont– acompañaron a Carme Forcadell hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el día en que fue a declarar, acusada de desobediencia y prevaricación.
Democracia prostituida
Fue "un baño de multitudes (…) ante las 3.000 personas que, según el cálculo de la Guardia Urbana, se habían concentrado frente al TSJC" (LV, 17/12). La mitad de las que acudieron cuando Artur Mas declaró por el 9-N. Y muchas menos que el millón y medio que la ANC y Òmnium fantasearon reunir en las Diadas. El suflé está plano.
El espectáculo de la sublevación de un conglomerado de funcionarios públicos contra el Poder Judicial fue bochornoso. Pero a ello se suma, para mayor escarnio, que la democracia que reclaman en el cartel no sea la parlamentaria, sino una de sus muchas versiones prostituidas que utilizan los regímenes totalitarios para enmascarar sus desafueros. Tuvimos la democracia orgánica del franquismo, que descansaba sobre las corporaciones, sin urnas ni ciudadanos que acudieran a ellas para votar a sus representantes. Muchos incautos se dejaron encandilar en aquellos mismos años por el rótulo de las democracias populares, que eran burdos satélites del imperio soviético y se extinguieron junto con este.
La democracia prostituida que ahora está de moda es la que llaman "participativa", que no contabiliza votos sino manifestantes o papeletas de referendos maniqueos. Sus cromosomas son fascistas, pero maduró en el chavismo venezolano y se está ramificando por territorios que creíamos definitivamente civilizados. Aquí la tenemos con una gigantesca pancarta de DEMOCRÀCIA en la cabecera y, a continuación, una variopinta y contradictoria columna de jefazos que se escudan detrás del pueblo al que invocan en vano. Un botón de muestra (LV, 16/12):
Entre gritos de "¡Viva la República!" e "Independencia", Colau aseguró que si Forcadell acaba siendo juzgada, "con ella se estará juzgando a todo un pueblo".
Nostálgicos del totalitarismo
¿Todo el pueblo juzgado cada vez que un jerarca de la élite o la casta es acusado por los jueces de desobediencia y prevaricación? Vaya despropósito. Aquí es donde aflora la otra posverdad-mentira que han incorporado a su argumentario los insurrectos: se está politizando la justicia o se está judicializando la política. El desiderátum de estos nostálgicos del totalitarismo es contar con tribunales que convaliden los abusos de los poderes ejecutivo y legislativo. Como sucede en Rusia y Turquía.
No siempre los déspotas improvisados pueden satisfacer sus antojos sin chocar con los contrapesos institucionales y sociales. En este momento el Tribunal Constitucional de Polonia libra una contienda sin tregua en defensa de la vigencia de la ley y de los derechos civiles que el Ejecutivo y la mayoría ultraderechista del Parlamento atacan con la misma prepotencia con que lo hace el contubernio secesionista timoneado por la CUP en el Parlamento de Cataluña. Informa el corresponsal en Varsovia (LV, 18/12):
El régimen está copando instituciones y órganos estatales, violando la Constitución, convirtiendo el Parlamento en una apisonadora para aprobar leyes antidemocráticas (…) invadiendo el aparato de la justicia, paralizando el Tribunal Constitucional y demás órganos de control del poder ejecutivo, purgando con brutalidad los medios de difusión públicos, transformando a funcionarios públicos profesionales en fieles ejecutores de la voluntad del régimen y despreciando las críticas opiniones de la Unión Europea. (…) Lo que consideran un "golpe de Estado reptante" orquestado por el "caudillo" Jaroslaw Kaczynski y sus asombrosamente obedientes seguidores.
Dos Parlamentos, el polaco y el catalán, que se parecen como dos gotas de agua a la hora de desobedecer al Tribunal Constitucional, acusando a los opositores de politizar la justicia o de judicializar la política. Con el añadido de que aquí la mayoría "asombrosamente obediente" del Parlamento catalán, además de desobedecer a la justicia española, aprueba iniciativas irredentistas contra la soberanía de Francia que el Gobierno del país vecino rechaza con lógica indignación (LV, 8/11). Más plomo en las alas desplumadas del oneroso –para los contribuyentes– Diplocat.
Basta de postureos
Aquí es donde el observador neutral formula la pregunta del millón: ¿el referéndum que reclaman los descontentos es el medio ideal para que ese pueblo del que los insurrectos se apropian arbitrariamente exprese su voluntad y ejerza el idealizado derecho a decidir? Ian Buruma lo duda y razona ("La farsa del referéndum", LV, 12/3):
Normalmente, en una democracia liberal, votamos por hombres y mujeres con la idea de que estudiarán los temas sobre los cuales los ciudadanos comunes no pueden ocuparse directamente por falta de tiempo y conocimiento suficiente, y decidirán sobre ellos.
Por lo general, un referéndum no es un sondeo preciso de las facultades racionales de la gente, ni una prueba de su pericia. Los referendos tienen que ver con lo visceral, que puede ser manipulado fácilmente por los demagogos… y por eso les gustan.
La herramienta para ejercer el derecho a decidir está presente en la menospreciada Constitución de 1978 y se utilizó incontables veces en municipios, autonomías y el Estado: es el voto de los ciudadanos a sus legítimos representantes, hombres y mujeres, como nos recuerda Buruma. Basta, pues, de postureos y gesticulaciones.
Dejadnos decidir, ¡ya!
Pánico a las urnas
La convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña daría voz y voto a los ciudadanos para ejercer su derecho a decidir sin las trampas premeditadas que pervierten los referendos. Existe, empero, una razón de peso para que el contubernio secesionista, que tiene en sus manos convocarlas, las deje para las calendas griegas. Lo explica el bien informado Francesc-Marc Álvaro ("La pinza y el estilo", LV, 15/12):
Vale la pena recordar que, en caso de que las cuentas elaboradas por Junqueras no consigan apoyo, la legislatura se acabará –el president Puigdemont lo ha dejado muy claro– e iremos a unas elecciones "autonómicas" (ni plebiscitarias ni constituyentes) a las que ya no se presentará Junts pel Sí porque la coalición habrá dejado de existir. Entonces, el independentismo –más dividido que nunca– deberá competir con los comunes, que aspiran (impulsados por Colau) a ser primera fuerza también en unos comicios catalanes.
No hace falta exprimir las neuronas para entender que el pánico del núcleo duro secesionista a las urnas –las verdaderas urnas, no las de cartón del fraudulento 9-N– nace de la posibilidad de que el poder pase a manos de sus competidores advenedizos. Pero si no bastara con esta confidencia, Lluís Foix lo remacha ese mismo día en la columna vecina bajo el título "Así veo las cosas":
El Govern de Catalunya evita criticar a la CUP para salvar los presupuestos. Me permito decirlo más claro: la tolerancia hacia los cuperos es para no perder el gobierno y no tener que acudir a otras elecciones anticipadas. La realidad es que Catalunya está en manos de la CUP porque Junts pel Sí o las formaciones que salieran en unas elecciones próximas sospechan que cosecharían un resultado inferior al que ahora tienen, perderían la mayoría y, por lo tanto, el poder.
Allá ellos con sus cálculos sectarios. A nosotros, los ciudadanos leales a la Constitución y a la democracia parlamentaria:
Dejadnos decidir, ¡ya!