Solo en el marco esperpéntico del proceso secesionista catalán se puede entender que haya instituciones, políticos y formadores de opinión que incurren en la ligereza de criticar –ya sea tibiamente o en términos apocalípticos– la entrada en prisión de los agitadores Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Es lógico que lo hagan quienes comparten con ellos la hoja de ruta sediciosa, pero despierta suspicacias que se les sumen quienes intentan conservar una imagen –poco fiable, como se ve– de objetividad. Este es el caso de Amnistía Internacional y, cuándo no, del danzarín Miquel Iceta y su corte.
Cúmulo de desafueros
Los podemitas y los comunes están en su salsa montando alborotos junto a las brigadas de demolición hispanófobas y eurófobas: lo llevan en su ADN totalitario. Son incapaces de hilvanar argumentos en defensa de sus arrebatos, y tampoco los tienen ni los necesitan. Les basta con alimentar el caos que les abre el camino hacia el poder.
Aquí es donde aparecen los gurús del régimen, los que han hecho carrera en el agitprop gracias a su habilidad para apacentar al rebaño con un rico surtido de posverdades. Ellos sí son capaces de travestir de preso político a un agitador que alentó, desde el techo abollado de un coche de la Guardia Civil, a los gamberros que asediaban a las fuerzas del orden público cuando estas cumplían con un mandato judicial. ¿Delito de sedición? ¡Qué va! Esta es solo una travesura si se la compara con la catástrofe que han provocado los dos Jordis mediante el cúmulo de desafueros que planificaron y pusieron en marcha con la complicidad de la Nomenklatura. Esta catástrofe, cuyos efectos estamos padeciendo en Cataluña, es, ella sí, la prueba visible, el cuerpo del delito de sedición.
Salvoconducto para delincuentes
Francesc-Marc Álvaro extrae de su arsenal ideológico los sofismas apropiados para convencer a la buena gente de que Cuixart y Sánchez son presos políticos ("Presos políticos, claro", LV, 19/10). Lo que oculta quien se enorgullece de conocer personalmente a los dos Jordis es que existen corrientes políticas que, incluso con apariencias inicialmente pacíficas, pueden culminar en dictaduras feroces y debacles sociales. La marcha pacífica sobre Roma –modelo de las últimas Diadas y manifestaciones– allanó el camino a los crímenes y guerras del régimen fascista. En Nuremberg juzgaron a políticos en cuyo programa, que llevaron a la práctica, sobresalía el genocidio. El ilustre poeta Ezra Pound fue recluido en un psiquiátrico por hacer propaganda a favor de ese mismo programa político, y al escritor Robert Brasillach lo fusilaron después de la liberación de Francia por idénticas razones políticas.
En Argentina, los atracadores, secuestradores y asesinos montoneros tuvieron una tapadera política. Y aquí la tuvieron y aún la tienen los atracadores, secuestradores y asesinos etarras. Lo que explica el maridaje entre el ex preso político Arnaldo Otegi y sus cofrades catalanes.
La palabra político no es un salvoconducto para delincuentes, sean estos subversivos o corruptos. Lo remarca Joaquín Luna ("Repitan conmigo: España es Turquía", LV, 18/10), burlándose de quienes edulcoran los delitos de los políticos:
Es muy posible que el ingreso en Soto del Real de los Jordis sea una mala noticia política. O no. Que están presos es un hecho –y no lo celebro con cava riojano–, pero eso no los convierte en presos políticos, como no lo son Rodrigo Rato y Jaume Matas. (…) Pero sí tengo muy claro y lo tuve desde la misma noche del 20 de septiembre: aquello no era ya una concentración cívica y mucho menos espontánea, sino una encerrona en toda regla a funcionarios policiales y civiles encargados de cumplir una orden judicial.
La tropa de los Jordis
Cataluña tiene siete millones y medio de habitantes. En el censo electoral figuran cinco millones y medio de ciudadanos. En ninguna elección los secesionistas han sumado más de dos millones de votos, o sea el 36 % del censo. Ni siquiera en la chirigota del 9-N, cuando votaron chavales de 16 años y extranjeros, o en el pucherazo del 1-O, con votantes incontrolados que saltaban de urna en urna, consiguieron superar esta cifra. La misma que computaron en sus manifestaciones más numerosas, a razón de catorce personas –¿montadas unas sobre otras?– por metro cuadrado. Esta es la tropa que los Jordis pusieron al servicio del Politburo. ¿El pueblo de Cataluña, como repiten, jactanciosos, los caudillos del proceso? ¿La mayoría de los catalanes? El simulador de ecuanimidad Antoni Puigverd le reprocha a Rajoy que no cite "a los más de dos millones de catalanes que dan su apoyo al independentismo" ("La reeducación", LV, 22/10). Eso, mientras Carles Puigdemont y sus compinches se ciscan en los más de tres millones de electores catalanes que no les dan ese apoyo y a los que quieren obligar –"¡Damos miedo, y más que daremos!"– a vegetar fuera de España y Europa.
La farándula lúdica que acompaña a los pocos miles de fanáticos que se concentran sin chistar obedeciendo a la voz del amo no equivale a "el pueblo de Cataluña". Para imputar de sedición a los dos Jordis, que dirigían a su tropa desde el puente de mando, a la jueza Carmen Lamela le ha bastado estudiar el cuerpo del delito, que está a la vista de todos quienes no viven cegados por el sectarismo. El cuerpo del delito, la víctima, es Cataluña, con su tejido social desgarrado y su economía en crisis.
Republiqueta de chiringuitos
Son patéticas las falacias con que estos descarriados tratan de disimular la hecatombe que han desencadenado en sus dominios. Alardea Pilar Rahola ("El moderado cabreado", LV, 19/10): "Las 200.000 empresas que ni se han movido ni piensan hacerlo son una gran mayoría silenciosa". Pobre consuelo enfatizar la proliferación de bares, peluquerías, fruterías, panaderías, bazares chinos, franquicias magrebíes y burdeles que convertirán en una republiqueta de chiringuitos, manteros y okupas lo que fue hasta el 1-O un centro neurálgico de las finanzas, la energía, la industria automotriz, la construcción, el turismo, el cava, los laboratorios químicos y medicinales y la cultura.
El cuerpo del delito los delata, con perdón del ripio. Pero afortunadamente no es un cadáver, como en las novelas policíacas, sino una sociedad herida, todavía capaz de recuperarse y de identificar y castigar a sus agresores: los Jordis y los cabecillas de la brigada de demolición secesionista. Lluís Foix, atento a los infortunios del cuerpo del delito, que es, insisto, esta Cataluña devastada por los desleales al Estado de Derecho, se mofa de las argucias de los embaucadores ("Inactividad en el Parlament", LV, 19/10):
El 8 de octubre Junqueras dijo que "no va a haber una huida de empresas de Catalunya". Al cabo de unos días, cuando el sector financiero había anunciado que se trasladaba a Alicante y Valencia, dijo que "el traslado de sedes tiene un impacto más psicológico que real". Y para mitigar el impacto de la fuga de Banc Sabadell y CaixaBank se le ocurrió que "no trasladarán la sede a Madrid, sino aquí cerca, en los Països Catalans". También añadió que "el cambio de sede social es algo temporal".
Las opiniones de Junqueras son muy respetables (sic) pero no me parecen responsables en un movimiento empresarial que puede afectar el futuro económico, industrial y productivo de Catalunya.
Lo desconcertante es que, si bien el núcleo duro de las manifestaciones a favor de la desconexión con España y Europa y de la libertad de los sediciosos está formado por un grupo reducido de energúmenos sin oficio ni beneficio, también se suman a ellas muchos ciudadanos de la clase media y emprendedora. ¿Cómo es posible que estos todavía no se hayan dado cuenta de que son su economía, su condición social y su cultura las que están amenazadas por el delito de sedición que investiga la justicia, y que sus verdaderos enemigos son precisamente los privilegiados sembradores de cizaña cuya libertad reclaman, pringando la vía pública con la cera de sus velas?
Bienvenido a la realidad
La magnitud del cuerpo del delito es tan descomunal que ha disipado las ilusiones de algunos promotores de la tercera vía, la negociación o el diálogo, o sea, de la cesión al chantaje. Por fin reacciona, con justificada alarma y con inusual crudeza, el notario Juan-José López Burniol ("La intrahistoria", LV. 21/10):
Están por llegar los episodios más lacerantes del proceso. En especial, porque el movimiento independentista ha sido utilizado como caballo de Troya por extremistas y radicales de toda laya, que aprovecharán su indudable fuerza desestabilizadora para cargar contra el sistema político que ha vertebrado uno de los periodos de paz y progreso más prolongados de la reciente historia de España. Cuanto peor mejor, dicen los independentistas, y los revolucionarios les hacen eco en beneficio propio, con el deliberado propósito de dejarlos en la cuneta en caso de un hipotético triunfo. Porque la independencia no es, aunque los independentistas no lo sepan, un proyecto de futuro.
Bienvenido a la realidad, señor notario. Solo cabe esperar que toda la burguesía catalana abomine de la hoja de ruta suicida para colaborar en la restauración de las normas de convivencia y solidaridad, y en la consolidación de las garantías que ofrece la Monarquía parlamentaria para regenerar la política, la economía, la seguridad, la cohesión social, la educación, la sanidad y los medios de información públicos.
El próximo Parlamento de Cataluña –elegido democráticamente después de que todo el peso de la ley nos libre del Estado Mayor golpista, de sus ramificaciones y de su aparato goebbelsiano de adoctrinamiento a niños y adultos– deberá pasar a la historia como el Parlamento de la racionalidad para compensar estos años en que funcionó como la nave de los locos.