Los usufructuarios de la crispación que socava la convivencia entre los españoles y los catalanes se desgañitan coreando sus consignas favoritas: "Madrid nos roba", "España nos roba", y las airean en las columnas de sus medios de comunicación regimentados. Mientras tanto, el guirigay oculta la fea cara de una realidad cada día más tenebrosa: es la crispación que generan, estimulan y explotan los secesionistas lo que nos roba. Nos roba el tiempo, la paz, la solidaridad, la cohesión social y –¿por qué no decirlo?– también el dinero de nuestros bolsillos.
Sálvese quien pueda
El resultado de las elecciones en el País Vasco, que tanta alarma ha causado, con sobrada razón, por la magnitud del voto anticonstitucional, puede aportarnos, sin embargo, un elemento de reflexión útil para desbaratar la tramoya que están montando los crispadores de toda especie para intimidarnos más de la cuenta. No cabe duda de que esos votos son muchos, pero no tantos como para ceder a las extorsiones de quienes los han recibido. Allí, sobre un censo electoral de 1.720.000 ciudadanos, los dos partidos anticonstitucionales sumaron 662.000 votos, o sea un 39% del total. Poco más que el 36,5% del censo electoral que aprobó el Estatuto de Cataluña, documento cuyos promotores canonizan como si hubiera sido avalado por la voz de todo el pueblo. Y volviendo al País Vasco, en Álava sólo el 30% del censo apoyó a los candidatos secesionistas... con la salvedad de que habría que restar de estos porcentajes a muchos votantes del PNV que no se pronunciarían por el sí en un referéndum de independencia.
En mi artículo "Los iluminados oscurantistas" observé que si, después de cumplir todos los requisitos constitucionales, se celebrara un referéndum en Cataluña y se aplicara la norma de la "mayoría clara" que rige en Canadá, para aprobar la secesión se necesitaría el voto afirmativo de por lo menos 3.240.000 ciudadanos, el 60% de los 5.400.000 inscriptos en el censo electoral. Ni siquiera podrían reunir 2.700.001, el 50% más uno. Lo cual nos lleva a la conclusión de que es sólo la obsesión regresiva de una élite de iluminados oscurantistas lo que está abriendo esta grieta cataclísmica en la sociedad catalana y española, con efectos nefastos para el bienestar económico, físico y cultural de todos los ciudadanos ajenos a esa élite. Nos están haciendo perder tiempo, dinero, afectos y oportunidades para salir de la crisis.
Para más inri, la fiebre secesionista es contagiosa. Una vez que se debilitan o se rompen los lazos asociativos, ya sean estos nacionales, regionales, vecinales o familiares, cunde el sálvese quien pueda. Por las redes sociales circulan, supongo que con talante humorístico, petitorios para que los barrios de Sarrià y Sant Gervasi, los más ricos de Barcelona, se independicen del municipio que los incorporó hace 90 años, porque se consideran víctimas del expolio fiscal que practica el Ayuntamiento. Y un poco de razón tienen, si se aplican los criterios insolidarios que movilizan a las huestes de Artur Mas y sus acólitos. Según el suplemento "Vivir" de La Vanguardia (27/1/2011), en el ranking de inversiones per cápita del Ayuntamiento 2007-2009, a Sarrià-Sant Gervasi le correspondieron 233 euros y a Ciutat Vella, foco de pobreza, 588. A la clase media radicada en el Eixample le tocaron unos mezquinos 138 euros, en tanto que Sants-Montjuïc, que abarca la zona de jolgorio de Paral-lel, le llovieron 448.
Excepciones contra natura
Fue el presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, quien echó mano de la ironía para retar a los crispadores. Leemos en el suplemento "Vivir" de La Vanguardia (25/10):
"Ahora que se argumentan raíces históricas, balanzas fiscales y agravios, cabe recordar que no hace tantos años que se anexionaron municipios", dijo ayer Fernández Díaz. Citó también cifras de inversiones municipales en el año 2011, destacando que "les Corts, con el 5 % de la población de Barcelona, recibió el 2,9 % de las inversiones; y Sarrià, con el 9 % de la población, tuvo el 5,6 % de las inversiones" (...) Fernández Díaz se refirió también al "agravio fiscal y de inversiones" respecto a Barcelona por parte del Gobierno de la Generalitat (...) El Barcelonès sale perjudicado frente a comarcas con menos potencia económica como la Terra Alta (que recibe siete veces más por habitante que el Barcelonès), Las Garrigues (trece veces más) o el Urgell (cuatro veces más).
Fernández Díaz pagó a los crispadores con su propia moneda, para desmontar sus falacias. No hay transferencias de riqueza de unas regiones a otras, ni de unas poblaciones a otras, ni de unos barrios a otros, sino ciudadanos que pagan impuestos, una Hacienda única que los recauda (con las excepciones contra natura pero por ahora constitucionales del País Vasco y Navarra) y un Estado que los devuelve o los invierte con un espíritu de equidad que todos tenemos derecho a discutir e impugnar, siempre que lo hagamos dentro del marco de las leyes.
Lo que no es farsa sino cruda realidad es el clima de insumisión y anarquía que generan los secesionistas, dando los peores ejemplos de desobediencia civil desde sus centros de poder. El presidente de la Generalitat anuncia urbi et orbi que convocará un referéndum ilegal cómo y cuando se le antoje, y amenaza con recurrir a la jurisdicción internacional si no se le reconocen derechos de soberanía patentemente ficticios; el consejero de Interior se apropia de los Mossos d'Esquadra como si de una agencia privada de seguratas se tratase; y 86 de los 947 municipios se declaran independientes y se quedan tan panchos. No es extraño que, con semejantes figuras de autoridad, Cataluña se convierta en caldo de cultivo para la proliferación de okupas, grupúsculos anarquistas y antisistema, proxenetas, predicadores salafistas y turistas de sexo y botellón. Sin contar a los depredadores incrustados en el establishment, depredadores que Antonio Robles describe con pelos y señales en su artículo ya clásico "¿Oasis o cloaca?". Sí, los crispadores nos roban.
Derecho a decidir
Para tapar las vergüenzas de los abusos de poder y de las depredaciones, los secesionistas enarbolan la pancarta del derecho a decidir. Sin embargo, ellos juegan con naipes trucados: se reservan el privilegio de imponer en las comunidades consultadas una unidad territorial que no le reconocen al país que desean trocear. José María Ruiz Soroa planteó una condición sine qua non para que la decisión reflejara irrefutablemente la voluntad de los ciudadanos consultados, parcela por parcela. Explicó en "Romper el tabú" (El País, 5/6):
Para dar por comprobada la voluntad secesionista, se requeriría la mayoría del censo computado en cada provincia o territorio, y con exclusión automática de aquellos territorios donde no triunfara.
Y Florencio Domínguez remacha el clavo en "Exigir claridad" (LV, 19/9):
Los canadienses regularon cómo debía plantearse el proceso hasta prever que si una parte del territorio secesionista no estaba de acuerdo con la separación, también tenía derecho a desvincularse de Quebec y seguir en Canadá. Si el territorio de la federación no era sagrado, tampoco lo era el de la provincia francófona.
Más claro, imposible. Si una mayoría clara del censo –digamos, como ya hemos visto, un 60 %, o sea 3.240.000 ciudadanos en Cataluña y 1.032.000 en el País Vasco– no apoyara la secesión, esta no se produciría. Y si se produjera pero Álava, Barcelona y otras provincias estuvieran por debajo de ese porcentaje, permanecerían unidas a España. Con dos salvedades. Primera, si núcleos urbanos importantes de las provincias separadas se declararan españoles, habría que salir enérgicamente en defensa de su derecho a decidir. Y segunda, más importante, debería blindase el derecho de los ciudadanos de las provincias separadas a decidir la reunificación en el caso de que se convirtieran en mayoría.
Algunos secesionistas cometen la torpeza de argumentar que una Cataluña independiente se incorporaría automáticamente a la UE y al euro, tal como se incorporó Alemania Oriental (M. Dolores García, "Mas se fija en Alemania", LV, 9/10). Es el colmo de la estolidez confundir un proceso de fusión con otro de amputación. Precisamente el modelo que deberían emular los ciudadanos de la zona de Cataluña circunstancialmente desgajada de España sería el de los ciudadanos alemanes que lucharon contra viento y marea hasta lograr la reunificación de su patria. Aunque, vista la clara vocación totalitaria que exhiben los sembradores de crispación, con sus convocatorias a las "mayorías indestructibles" y sus exhortaciones a "hacer piña" en movimientos transversales, lo preferible será que la racionalidad y el realismo de los ciudadanos bloqueen a tiempo esos apetitos de hegemonía.
Corolario: cuando fracase la aventura, la sociedad debería exigir a los secesionistas una compensación por el tiempo, la paz, la solidaridad, la cohesión social y el dinero que le ha hecho perder.