Ahora que, tras dificultades de toda índole, al fin se ha abierto el camino para el referendo revocatorio de Hugo Chávez en Venezuela, cualquier reacción de júbilo debería ser atemperada por dos retos cruciales para la culminación del proceso. De ellos dependerá su verdadero desenlace y, por tanto, el gran motivo de celebración: una reconstitución democrática del país.
El primer reto tiene que ver con la claridad, normalidad y legitimidad de las etapas electorales que siguen. El segundo, con la manera en que la oposición democrática asuma sus responsabilidades, desarrolle su unidad y construya sus estrategias en las próximas semanas. Frente a ambos, existen importantes dudas.
Al aceptar el Consejo Nacional Electoral y el propio presidente Chávez que se había superado el mínimo de firmas necesarias (20 por ciento del padrón electoral) para convocar al referendo, la democracia, como sistema y proceso para la toma de decisiones recibió un importante respaldo. Además, se reencauzó la confrontación política hacia caminos institucionales y se atemperó la retórica agresiva del oficialismo. Por esto, la situación venezolana es, hoy, más esperanzadora que hace una semana, y el avance hacia la dictadura, que lucía inevitable entonces, al menos ha entrado en reposo. Si, a partir de ahora, el proceso transcurriera dentro de una razonable normalidad y legitimidad, cualquier resultado final implicará una reafirmación de la democracia.
Sin embargo, como evidencia de lo turbio que es el horizonte, ya ha surgido una nueva e importante disputa: cuál debe ser la fecha para el referendo. Si, como se había pactado anteriormente, se realizara antes del 19 de agosto (cuando Chávez cumple cinco años en el poder), y este fuera derrotado, no habría problema: se convocaría a nuevas elecciones para decidir, en competencia abierta, quién terminará su mandato. Pero si la consulta tiene lugar luego del 19 de agosto, una derrota del oficialismo implicaría, simplemente, que el Vicepresidente José Vicente Rangel terminaría el período gubernamental. Para complicar las cosas, tampoco está claro si, en nuevos comicios, Chávez podría ser candidato.
A todo lo anterior se añaden, como elementos adicionales de inquietud, la posibilidad de que, conforme se acerque el momento del referendo, el Gobierno recurra a maniobras para frenarlo o manipularlo, y que, desde su control creciente del Poder Judicial, le ponga trampas legales. Si lo hizo con la recolección de firmas, más podría hacerlo para evitar una derrota electoral.
Pero aun si el proceso transcurre sin graves interferencias y con respeto a las reglas establecidas por la Constitución, el otro factor de inquietud es el resultado. Todas las encuestas indican que, en una consulta donde verdaderamente puedan manifestarse las preferencias ciudadanas, Chávez perdería. Y toda la lógica indica que, en un ejercicio de esa índole, la oposición mantendría su unidad de propósitos y acción.
La gran incógnita es qué ocurrirá si se revoca el mandato y hay elecciones presidenciales. Ante esta nueva prueba, que implicaría seleccionar candidatos, replantear propuestas, reorganizar equipos y, eventualmente, distribuir cuotas de poder, es casi inevitable que proliferen las diferencias de criterio entre los opositores. Y si las diferencias conducen a perder la unidad, los múltiples candidatos democráticos competirían entre sí y, eventualmente, permitirían que Chávez (o su ungido) se imponga, no por su mayoría, sino por la dispersión de quienes pudieron tenerla.
Sería verdaderamente trágico que, tras tantos y tan necesarios esfuerzos por derrotar a Chávez y el chavismo, estos regresaran al poder con una legitimidad revitalizada y una oposición quebrada.
Cómo evitar este desenlace, y cómo mantener su unidad en el futuro, es la segunda tarea de los demócratas venezolanos. En ella, es poco lo que la comunidad internacional puede hacer. El primer objetivo, sin embargo, debe ser que las siguientes estaciones del proceso revocatorio se desarrollen sin alteraciones. Además de lo que hagan los propios venezolanos, aquí sí es vital una continua vigilancia y presión externa, destinada a mantener la honestidad y legitimidad del proceso.
Ninguna de estas tareas es sencillas. Pero hoy hay más posibilidades de que tengan éxito. Razón de más para emprenderlas.