La tarea inmediata del nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Miguel Ángel Rodríguez, es salvarla del colapso financiero y administrativo que la amenaza sin que, en el proceso, se vean afectadas sus funciones esenciales.
Pero el gran desafío estratégico, del que dependerá su vigencia y supervivencia a largo plazo, es adaptarla, en sus objetivos, concepción, dinámica y funciones, a realidades ante a las cuales parece cada vez menos relevante y más prescindible.
La primera misión tiene dos componentes esenciales: reingeniería gerencial, para hacerla más eficiente y frugal en su desempeño, y aumento de los aportes estatales, para cerrar su déficit operativo. Ya Rodríguez, presidente de Costa Rica entre 1998 y 2002, ha puesto en marcha una drástica reestructuración administrativa y un programa de contención de gastos; además, ha hecho un llamado –no muy bien recibido, por cierto– en pro de mayores aportes estatales.
El éxito de estas iniciativas está por verse. Sin embargo, que la renovación administrativa se haya podido echar a andar con celeridad y sin grandes obstáculos, revela su naturaleza relativamente sencilla. Aún así, ha surgido una gran inquietud no despejada satisfactoriamente por el Secretario General: en qué medida esos cambios afectarán al sistema interamericano de derechos humanos, el único ámbito de acción de la OEA con verdadera relevancia continental.
Una limitación en los recursos, el quehacer y la autonomía de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos daría el golpe de gracia a la OEA. Por esto, es esencial que ambas entidades se mantengan fuera del alcance de los gobiernos de turno y de las preferencias o compromisos del Secretario General.
Sin embargo, para que la organización tenga razón de ser como un todo, no basta con proteger lo poco que funciona bien. Es necesario un replanteamiento completo de su esencia y razón de ser. En esto reside el reto crucial, no solo de Rodríguez, sino de todos los países miembros.
Basta una corta mirada al entorno para aquilatar la debilidad del llamado “máximo organismo hemisférico”.
En materia económica y financiera, está a la zaga del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial e, incluso, de los esquemas subregionales de financiamiento, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Corporación Andina de Fomento.
Lo mismo sucede en el ámbito comercial. El Mercosur, el Mercado Común Centroamericano, el Caricom, la iniciativa para el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y las negociaciones de tratados entre distintos países o bloques, deben muy poco, o nada, a la OEA. Y la Organización Mundial de Comercio (OMC) posee vida propia, en una liga mayor.
El diálogo político parece ser más intenso –aunque también poco fructífero– en el seno del Grupo de Río, de las cumbres iberoamericanas (Latinoamérica y el Caribe más España y Portugal) y de las cumbres de las Américas (Latinoamérica y el Caribe más Estados Unidos y Canadá).
A pesar de sus problemas, la ONU tiene mayor vigencia en el hemisferio, en especial mediante agencias especializadas, como la UNESCO, la UNICEF y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Una serie de organizaciones no gubernamentales han tomado la iniciativa en áreas tan cruciales como el ambiente, la protección de los menores de edad, las migraciones, el impulso a la transparencia y la lucha contra la corrupción. También son muy activas en derechos humanos y educación.
Y, aparte de los casos anteriores, la dinámica expansiva de la globalización –multiforme, contradictoria y creativa– es un corrosivo de cualquier estructura rígida y centralizada, como la OEA.
Buscar relevancia y sostenibilidad en medio de fuerzas tan intensas, dispares y desafiantes, es una tarea monumental. Hasta ahora, la OEA, salvo excepciones sectoriales, ha sido incapaz de afrontarla con éxito. Por esto, la pregunta crucial no es tanto si el nuevo Secretario General querrá replantear estratégicamente al organismo y su misión (algo sobre lo que aún no se ha definido); es, más bien, si una mayoría sustancial de sus patronos –es decir, de los estados miembros– estarán dispuestos a hacerlo.