El sartenazo que le ha metido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al Gobierno pone en evidencia lo que ha terminado siendo España. Nadie puede comprender que el mismo tribunal ratificara unas medidas tomadas por la comunidad autónoma respecto a determinados barrios y municipios y declarara ilegales unos pocos días más tarde otras muy similares impuestas por el Ministerio de Sanidad. Lo fantástico del acontecimiento jurídico es que la resolución está impecablemente fundada en nuestras inextricables leyes.
No tiene sentido detenerse a explicar la maraña jurídica que envuelve todo este lío. El caso es que todo proviene del aparatoso Estado de las Autonomías que hemos levantado. El tribunal se disculpa por anular unas medidas que da por hecho que son necesarias para combatir la pandemia y proteger la salud de los españoles, pero que no puede ratificar por haber sido adoptadas con flagrante violación de la ley. Ahora, con independencia de lo que crea el tribunal, lo que pretendía la decisión del Ministerio de Sanidad no era proteger la salud de nadie. Era poner al Gobierno de la Comunidad de Madrid contra las cuerdas para otorgar a Aguado un pretexto con el que justificar su traición y que pudiera prosperar la moción de censura del PSOE en Madrid. Lo que pasa es que lo ha hecho con un instrumento ilegal. Y no deja de tener su gracia que sea el PSOE el que se haya enredado en el gigantesco e incomprensible lío jurídico que es el Estado de las Autonomías que tanto ayudó a embarullar.
A nadie se le escapa que, si la alarma sanitaria afectara a Cataluña, el Gobierno de Sánchez jamás se habría atrevido a confinar Barcelona y otros municipios catalanes por medio de una escuálida orden ministerial. Pero Madrid es otra cosa. Contra Madrid todo está permitido. Esta cueva de votantes de derechas impermeables a la propaganda de izquierdas es la que urge meter en cintura. Y, para hacerlo, nadie en el Gobierno se ha parado a ver qué se podía y qué no se podía hacer legalmente, acostumbrados como están a saltarse, de la Constitución abajo, todas las leyes. Menos mal que en el Poder Judicial todavía queda la suficiente independencia como para impedir que el Gobierno atropelle los derechos de los madrileños cuando lo hace sin respetar la ley.
También tiene gracia la reacción enfurruñada de Sánchez, herido en su soberbia y rojo de ira, amenazando con declarar el estado de alarma para Madrid. De sobra sabe que no es necesaria tal cosa para encerrarnos a todos en nuestros municipios. Tan sólo necesita ponerse de acuerdo con Ayuso y obrar de consuno con ella, que es lo que por otra parte exige la salud de los madrileños, si es que en algo le preocupa. Pero eso no lo puede hacer porque entonces tendría que renunciar a su objetivo, que no es otro que acabar con la presidenta. Hay que ver qué cosas tiene el Estado autonómico y la separación de poderes.