De la sesión de control del miércoles pasado sólo una cosa quedó clara. El Gobierno necesita al PP. De ahí que los socialistas apelen al partido de Pablo Casado como a ese moderado y de Gobierno que un día fue y que ya no es. ¿A qué PP se refieren? ¿Al del asesino Aznar o al del corrupto Rajoy? Piensan por supuesto en el PP que no desclasificó los papeles del Cesid, que se dejó levantar la merienda tras el 11-M, que aceptó la herencia de la negociación con ETA, que dejó en pie las tropelías de Zapatero y que entregó mansamente el Gobierno tras una moción de censura fundada en mentiras y promesas incumplidas.
Pero ¿para qué necesita el PSOE al PP, si tiene a Podemos y prácticamente a todo el nacionalismo, incluido el filoterrorista? Lo necesitan para lo único que el PP es hoy por hoy indispensable, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de una parte del Tribunal Constitucional. Al margen de que ha llegado legalmente el momento de tener que hacerlo, las renovaciones son para el PSOE extraordinariamente urgentes y necesarias. Lo prueba la inusitada vehemencia con la que lo exigieron el miércoles nada menos que Sánchez y Calvo, números uno y dos del Gobierno. No sólo, sino que llegaron a acusar al PP, tan constitucionalista, de dinamitar la Constitución saboteando la renovación de las instituciones en ella previstas.
Casado exige un previo acuerdo para cambiar el modo en que se renuevan las instituciones y hacer que no dependan de los partidos. Sin embargo, podría fácilmente imaginarse que el PP no quiere colaborar porque las renovaciones harán que los conservadores pierdan las mayorías de las que ahora disfrutan. Y es fácil creerlo si se tiene en cuenta que las reformas que el PP exige hoy se negó a hacerlas cuando tuvo mayoría absoluta y que el PP, incluido el de Casado, nunca se ruborizó cuando pasteleó con el PSOE los nombramientos que hoy se niega a cocinar.
Sin embargo, con independencia de la sinceridad de Casado o de la probabilidad de que no sea más que una forma de filibusterismo, es evidente que, para lo que quiere Sánchez controlar el Consejo y el Constitucional, no es para lo que lo han querido los anteriores Gobiernos. Lo quiere para que la Justicia no sea un obstáculo a la reforma de la Constitución que se propone pactar con los separatistas catalanes y que desea imponer sin atenerse a las exigencias legales que dicha reforma exigiría. En definitiva, Sánchez necesita el control de los dos órganos para poder saltarse la ley impunemente. De manera que, sean cuales sean sus razones, Casado puede rendir un inmenso servicio a su patria si sigue negándose a renovar las dos instituciones y resiste las diatribas y presiones que a consecuencia de ello le caerán. No son bromas. La única que puede impedir el pseudogolpe de Estado que Sánchez se propone dar en beneficio del soberanismo catalán es la Justicia. Si Casado cede, se acabó.