Esta semana hemos sabido que Garzón autorizó la intervención de las conversaciones que con sus abogados mantuvieron en la cárcel los dos encausados en la trama Gürtel que están en prisión preventiva. La autorización se fundó en una norma prevista exclusivamente para delitos de terrorismo, probablemente inconstitucional. Si los terroristas son criminales han de gozar de los mismos derechos que el resto de los criminales. El derecho a la defensa y a la asistencia de letrado que reconoce nuestra Constitución en el artículo 24.2 no admite excepciones. Tan esencial es este derecho que no está previsto que pueda suspenderse cuando se declara el estado de excepción o de sitio.
En este país, hemos puesto a Bush de chupa de dómine por encerrar a sospechosos de terrorismo en Gunatánamo sin ponerlos a disposición judicial. Lo hemos hecho olvidando que el Congreso de los Estados Unidos, no Bush, declaró el estado de guerra y que los prisioneros fueron detenidos en operaciones militares llevadas a cabo fuera de su territorio nacional. Y, sin embargo, el que aquí se vean privados de sus derechos constitucionales personas pertenecientes a una trama corrupta relacionada con políticos de derechas resulta irrelevante para la izquierda. Vean lo que dice El País sobre las escuchas a las conversaciones de encausados de la Gürtel con sus abogados: "Llega ahora la [estrategia] de la anulación de todo el sumario por grabaciones de conversaciones entre imputados presos y sus abogados. (...) Pretende ser el remake de la nulidad del caso Naseiro que sepultó judicialmente aquella financiación ilegal del PP. Ocurrió en Valencia y en el equipo jurídico-político estaba también Trillo".
Es la monda. Atribuyen a Trillo la habilidad de anular casos de corrupción del PP gracias a tecnicismos legales. Las escuchas de las conversaciones de los imputados y sus abogados anulan por completo el derecho a la defensa. Cualquiera puede hacerse cargo de la indefensión que conlleva que el fiscal y el juez sepan lo que uno habla con su abogado. En este sentido, los terroristas gozan al menos de la ventaja de saber que sus conversaciones pueden ser intervenidas. Los demás hablan con la naturalidad de creer que es imposible que tal atropello se dé.
Pero claro que se da. Cuando los encausados forman parte de la derechona, cutre o no, todo está permitido. Y lo está porque la derechona es el enemigo de la democracia. Son peores que los terroristas, pues pretenden ganar elecciones, que es cosa que, deberían haberlo aprendido ya, en España está reservado a esta izquierdilla que sólo se reconoce derechos a ella misma. No son bromas. La gente de derechas, envenenada con resabios franquistas, siempre antidemocrática e inconscientemente fascista, no merece la protección de las leyes. Es más, si se le permitiera ampararse en ellas, se le estaría dando una peligrosa ventaja pues, por imposible que parezca en un país tan de izquierdas como el nuestro, podría ganar unas elecciones y gobernar el país, que es cosa de todo punto intolerable. Aznar demostró que puede ocurrir. Y ahora hay que impedir a toda costa que vuelva a suceder. Ni tutela judicial efectiva, ni derecho a la defensa, ni leches. ¿Se habrá dado ya cuenta Rajoy de con qué clase de gentualla se está jugando los cuartos?