A la vista del éxito de Podemos, el electorado de derechas se reparte entre la indignación y el desconcierto. Los indignados echan la culpa a los exvotantes del PP. Entienden que, si éstos hubieran vuelto a confiar en Mariano Rajoy, Pablo Iglesias no estaría a punto de entrar en el Gobierno de la mano de Pedro Sánchez. Estos indignados olvidan que Pablo Iglesias seguiría hoy siendo un desconocido activista de no ser por La Sexta. Esta cadena televisiva pertenece al mismo grupo mediático que La Razón, el periódico que de manera más furibunda e irracional ha defendido la política de Mariano Rajoy frente a sus descontentos electores. Este respaldo televisivo responde a la arriólica estrategia de encumbrar a un bolchevique con el fin de plantear al electorado de derechas lo que Frederick Forsyth llamaría la alternativa del diablo: o me votáis a mí, pringaos, o viene Pablo Iglesias y os enteráis.
En cuanto a los desconcertados, votantes del PP o de Ciudadanos, no entienden cómo los decepcionados del PSOE han podido echarse en brazos de un comunista. La respuesta hay que buscarla en el programa de Podemos. Sus propuestas, contempladas con objetividad, no son más que la exacerbación de lo que a los españoles les gusta oír. Es decir, son las promesas que todos los partidos hacen, pero a lo bestia. Pongamos el ejemplo de los desahucios. Todo el mundo está favor de adoptar medidas legislativas contra ellos. De hecho, el PP, el más alejado de las posiciones podemitas, ha aprobado una ley que obstaculiza, entorpece, limita y frena el desahucio de la vivienda habitual. Podemos se limita a proponer una ley que simplemente lo impida cuando se trate de personas sin solución habitacional alternativa, por utilizar su lenguaje. ¿Tanta diferencia hay? Lo que uno hace a medias y de mala manera, el otro lo propone en toda su extensión. Y lo justifica muy acertadamente en nuestra Constitución, que, nos guste o no, dice en su artículo 128: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". Y todos están de acuerdo en que es de interés general que a nadie sin recursos se le prive de su vivienda.
Ningún político está dispuesto a explicar que desahuciar a quien no paga la hipoteca es inevitable si se quiere que los bancos sigan prestando a bajo interés con la garantía de la vivienda a quienes no tienen otro recurso. Obstaculizarlos sólo conduce a encarecer los préstamos hipotecarios hechos a los menos favorecidos, cuando no a privarles de ellos. Para atender los problemas sociales que resulten de los desahucios, hay otras soluciones sin necesidad de abocar a los desahuciados a dormir debajo de un puente.
Si todos queremos oír los mismos mensajes buenistas, a nadie puede extrañarle que tenga más éxito quien los lance de forma más franca.