Lo que pasó en el caso Faisán es lo que pasa siempre en España. Se descubre un escándalo que implica a uno o varios políticos. En este caso, que estando vigilando a la red de ETA encargada de recaudar el fruto de sus extorsiones, un policía avisa a los etarras para que huyan antes de que la detención se produzca, presumiblemente por orden de sus superiores para evitar que las detenciones enturbien el proceso de paz en marcha. Lo primero que se hace es negarlo. El vídeo grabado por la Policía no muestra nada. Y no lo hace porque los funcionarios dejaron de grabar para que no se viera lo que se iba a hacer. Luego, tras descubrir por otros medios que lo ocurrido ocurrió, se justifica con una fantástica alegación cuya realidad no hay forma de comprobar, como es la de que el chivatazo se dio para proteger a un topo. Esto no resuelve el problema del todo porque, a fin de cuentas, chivatazo hubo, pero sirve para conformar a correligionarios y a crédulos. Luego, cuando no hay más remedio que admitir la evidencia, se hace, pero echando la culpa a los policías diciendo que lo hicieron por su cuenta y riesgo, sin que los políticos tuvieran nada que ver.
Naturalmente, los policías se resisten a ser condenados por colaboración con banda armada, y se supone que amenazan con revelar que obedecieron órdenes de sus superiores políticos. Entonces a los funcionarios se les prometen algunas prebendas a cambio de que acepten una condena menor, que en ningún caso será por colaboración con banda armada, a cambio de su silencio. Por último, unos jueces se avienen a fallar que avisar a unos etarras de que van a ser detenidos para que huyan y puedan sustraerse a la acción de la Justicia constituye tan sólo un delito de revelación de secretos y no de colaboración, porque la intención de los policías no era colaborar con la banda sino salvar el proceso de paz. Ciertamente, la intención puede justificar penalmente una conducta en principio delictiva. Pero para que sea así ha de tener como fin un bien superior al protegido. Uno puede saltarse un semáforo para llevar a un hijo al hospital. Uno puede disparar contra otro en legítima defensa. Una conducta en principio delictiva dirigida a salvar el proceso de paz podría haber sido exculpada, pero para ello son necesarias dos cosas. La primera es aceptar, que es mucho aceptar, que el proceso de paz es un bien superior a la detención de terroristas. Y la segunda es que, para exculpar a alguien por estar protegiendo el proceso, ha de ser uno que tenga suficiente conocimiento del mismo como para poder valorar cuán perjudicial habría sido practicar las detenciones. Y los policías carecían de ese conocimiento. Lo que tendría que haberse hecho es exculpar a los policías por haber obedecido órdenes y a los políticos en su caso por haberlas dado con la finalidad de salvar la negociación con la ETA. Pero, claro, aquí no podía sentarse en el banquillo ningún político, y mucho menos Rubalcaba. La conclusión es la de siempre. Los políticos se van de rositas, los funcionarios pagan por ellos y los demás, la sociedad y los medios de comunicación, callamos y aceptamos la verdad oficial aunque sepamos que es mentira con tal de tener la fiesta en paz, nunca mejor dicho lo de la paz.