En una tumultuosa junta general, a instancias de un nuevo accionista, fueron destituidos los consejeros independientes de Indra. El proponente fue Prisa. Para llevar a cabo su acción tuvo que ser secundado por la SEPI y una sociedad vasca próxima al nacionalismo que también acaba de entrar en el accionariado de la tecnológica. La tormenta fue pues desatada por El País, el Gobierno y el PNV. Nos cuentan que se trata de que el presidente de la compañía, un militante del PSC puesto al frente de Indra por Pedro Sánchez poco después de llegar al Gobierno, tenga más poder porque ahora no es más que presidente "no ejecutivo".
En algunos medios de oposición a Sánchez se califica la operación de un nuevo asalto del Gobierno enmarcado dentro de los que ya está llevando a cabo contra la Justicia, el CIS o el INE. La Razón, por su parte, nos explica que la jugada no es jurídicamente intachable, pero necesaria para que el Estado tenga el control de una empresa estratégica que aspira a competir con el resto de compañías europeas en el mercado de la defensa donde va a haber mucho dinero que ganar a consecuencia de los incrementos presupuestarios en este campo, empezando por España.
Los medios favorables a Sánchez nos explican que todo esto es habitual y que Rajoy ya hizo algo parecido para hacerse con el control de Indra, de manera que nada escandaloso hay en ello que no esté causado por la censurable connivencia sistémica que hay en España entre el poder político y el económico y que no sólo afecta a Indra. El caso es que ha sido precisamente Indra la que acaba de ser adjudicataria de un contrato de la Armada por valor de casi medio millón de euros. El pliego de condiciones fue redactado por la propia empresa e Indra fue la única que se presentó al concurso. Un Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como, algo más grosero de lo habitual.
Es evidente que en los próximos años va a haber sustanciosos contratos de defensa y es natural que Indra aspire a quedarse con parte de ese pastel, en España y en Europa. También es natural que la compañía quiera fortalecerse y prepararse cuanto pueda para poder rivalizar con el resto de competidores extranjeros en las condiciones más favorables. Pero, ¿para eso es necesario contar con El País y con el PNV? ¿Tan indispensable resulta que, para que una empresa de estas características gane más dinero, haya que desprenderse de los consejeros independientes, presentes precisamente para garantizar una gestión transparente?
Es evidente que en todo esto hay muchísimo dinero en juego y no se trata tanto de ganarlo como de ver quién lo gana. Que de esta forma el Gobierno esté pagando al PNV y a El País los servicios que vienen prestando para que Sánchez se mantenga en el poder no puede sorprender a nadie. Sin embargo, el hedor es tan penetrante que es inevitable concluir que aquí hay más, mucho más. Ya, ¿pero qué?