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Emilio Campmany

El negocio de la solidaridad

Cuanto más dispuestos estemos a acoger emigrantes, más vendrán.

A Matteo Salvini lo van a poner en Europa cual digan dueñas y a Pedro Sánchez lo van a ahogar en almíbar tras haber negado uno y haber acogido el otro un barco propiedad de una ONG francesa, el Acquarius, con más de 600 inmigrantes a bordo. Mientras, el Sea Watch 3, propiedad de una ONG alemana, con 800 emigrantes y que esperaba dirigirse a Italia, está pendiente de destino. Que nadie se extrañe si acaba también en España.

Nadie quiere explicar lo que pasa porque las ONG están sobreprotegidas por la prensa. Sin embargo, la realidad es que los emigrantes que estas organizaciones recogen en alta mar, enfrente de las costas libias, son lanzados al mar por organizaciones mafiosas tras cobrarles una elevada suma de dinero. Se habla de unos cuatro mil euros por pasaje, aunque es difícil saber exactamente cuál es la tarifa. La precariedad de los esquifes en los que son embarcados no tiene por objeto tanto abaratar costes como dar cobertura legal a su traslado a un puerto europeo, generalmente italiano, disfrazándolo de operación de rescate. Las ONG colaboran consciente o inconscientemente en este fraude de ley.

La habitual salida desde las costas libias tampoco es casual. Estando Libia en guerra y tratándose de un país donde no hay suficiente seguridad, el derecho marítimo internacional releva de toda obligación de desembarcar a los rescatados en el lugar desde el que partieron y obliga a las naciones próximas a acogerlos. Así, una vez en alta mar, los emigrantes son recogidos por los barcos de las ONG y, ateniéndose a las normas de salvamento marítimo, son trasladados a un puerto seguro europeo, casi siempre italiano. Una vez en Europa, los emigrantes caen bajo la cobertura más o menos amplia de nuestros servicios sociales.

Italia ha tenido que soportar el grueso del coste de este tráfico durante lustros. La ayuda solicitada a Europa tan sólo ha merecido apelaciones a la solidaridad. Francia llegó a cerrar ilegalmente sus fronteras con el país alpino con el fin de cerrar el paso a parte de estos emigrantes. Los italianos se han hartado y han votado a quien les ha prometido cerrar los puertos.

El punto clave de todo este asunto es la financiación con la que se pagan las operaciones de supuesto salvamento de las ONG. ¿No cabe la posibilidad de que parte de lo que pagan estos emigrantes se destine a atender sus gastos? Porque las naves cuestan dinero, el combustible que consumen también, y las tripulaciones cobran un sueldo. No digo que estas organizaciones estén integradas en la estructura de las organizaciones criminales, que es posible que alguna de ellas lo esté. Lo que digo es que parece probable que buena parte de los fondos que reciben bajo la forma de donaciones desinteresadas provenga en realidad de las mafias.

El problema es grave porque, cuanto más dispuestos estemos a acoger emigrantes, más vendrán. Cuanto más fácil sea la llegada a un puerto europeo, más los habrá que se atrevan a emprender el viaje y estén dispuestos a pagar su elevadísimo precio. Si de verdad queremos acoger a tantos como quieran venir, sería mejor abrir las fronteras y que pudieran entrar sin tener que pagar a las mafias. Quizá sea mejor dejarlo así, porque de este modo damos de comer a los mafiosos, a los miembros de las ONG. A la vez, nosotros lavamos nuestras conciencias y las de nuestros gobernantes. Un negocio redondo.

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