La democracia española padece múltiples disfunciones. Siendo como es un sistema parlamentario, la más grave es la posibilidad que ofrece al presidente del Gobierno de sobrevivir sin tener suficientes apoyos en las cámaras. Sin embargo, hay otras. Una de ellas es la capacidad blanqueadora de las elecciones. Los políticos responsables de comportamientos censurables pero no constitutivos de delito pueden, si tienen esa capacidad legal, disolver y convocar elecciones. Supuestamente, presentarse a las mismas ofrece al electorado la posibilidad de reprobar al responsable y, en consecuencia, de no hacerlo, el político se considera públicamente absuelto. Esto es incluso aplicable a políticos sin capacidad de disolver pero que se encuentran con una convocatoria al poco de haberse destapado sus trapos sucios. Se someten al electorado y éste decide. Naturalmente, esto es una filfa. Con listas cerradas, el electorado no puede reprobar nada sin renunciar a la vez a votar al partido que mejor representa su ideología. Pero el caso es que así funciona nuestro sistema.
Si Pedro Sánchez fuera ministro de Economía, por ejemplo, lo más probable es que a estas horas estuviera recibiendo la llamada telefónica del presidente del Gobierno exigiéndole la dimisión. Como no tiene a nadie por encima que le haga esa llamada y es probable que el escándalo sea cada vez mayor, la mejor forma que tiene de salvarsees la de convocar elecciones y solicitar su absolución al electorado. Encima, haciendo de la necesidad virtud, podría decir que así cumple la promesa que hizo durante la moción de censura. Salvo catástrofe monumental, cualquier resultado servirá para perdonarle y poder continuar, bien como presidente, bien como líder de la oposición.
Sin embargo, lo más probable es que decida aguantar confiando en que la tormenta escampará. Es lo que siempre hacen los presidentes del Gobierno, siguiendo un instinto que no siempre es fiable. En este caso, es muy probable que el escándalo no amaine. Es más, lo más seguro es que arrecie, sobre todo en el caso de que, con independencia de los plagios, se pueda probar que no fue él quien redactó la tesis por la que se le dio el título de doctor. Esto podría muy bien ser un delito y, aunque el Supremo no esté muy inclinado a investigar los que pueda cometer un presidente del Gobierno, la sangría ante la opinión pública podría ser terrible. Puede parecer una exageración, pero fueron los socialistas los que decidieron dónde poner el listón con ocasión del caso Cifuentes.
No sé qué opinará Iván Redondo, pero, si no está convencido de la necesidad de convocar, debería pensar en un último argumento. Quien ha mordido el calcaño de Sánchez no es Casado, sino Rivera, que además ha vuelto a subirse al tigre constitucionalista en Cataluña. Y Rivera no soltará a una presa en un asunto que además le viene bien para desgastar a Casado, que en esto tiene el techo de cristal. La única forma de atajar el tifón que se les avecina es disolviendo y convocando, pero ellos sabrán.