En un acto organizado por el empresariado catalán en Barcelona cuyo invitado estrella era Pablo Casado, los organizadores se han posicionado a favor de los indultos como un medio de normalizar la situación en Cataluña con objetivo de que vuelvan a la región las empresas que en su día huyeron de allí. Antonio Garamendi, como representante de todos los empresarios españoles, se ha expresado en parecidos términos, si bien luego ha matizado mucho sus palabras. Nada nuevo bajo el sol, empresarios españoles haciendo la pelota al Gobierno y empresarios catalanes pidiendo a Madrid que les resuelva los problemas de los que ellos son en buena parte responsables.
Las llamadas a la concordia serían creíbles si fueran acompañadas de una petición al Gobierno de la Generalidad para que renuncie a cargarse España, que es la nación a la que todos deben sus fortunas. Porque no fue la condena de los golpistas lo que echó a las empresas de allí y trajo pobreza a la región que un día fue la más rica de España. Fue el empeño de sus Gobiernos autonómicos en caminar por la senda de la ilegalidad y el golpe de Estado. Pero a Pere Aragonès nada le exigirán. Los grandes empresarios catalanes, como los españoles, dependen de las subvenciones hasta el punto de no poder enfrentarse a los Gobiernos. Los de Cataluña se han especializado además en servirse de la ideología independentista de sus gobernantes para hacer chantaje al Gobierno de la nación en beneficio propio. Téngase bien presente que todo esto empezó cuando Artur Mas, jaleado por el empresariado de allí, se fue a Madrid a pedir a Rajoy una agencia tributaria propia como la de los vascos y los navarros y el presidente del Gobierno se la negó. Querían estos empresarios catalanes que les inspeccionaran los gobernantes que ellos ayudaran a llegar a la Generalidad. Exactamente como ocurre en el País Vasco, que es para sus empresarios un paraíso fiscal de facto que les ha hecho ricos compitiendo con ventaja en el mercado español y europeo. El caso es que los vascos y los navarros son pocos y, aunque sea un oprobio para la igualdad de los españoles ante la ley, lo del cupo vasco y la aportación navarra nos lo podemos más o menos permitir. Sin embargo, Cataluña es demasiado grande, y dotarla del mismo sistema sería el fin de la solidaridad interterritorial.
Se comprende que a los empresarios catalanes les fastidie el relativo empobrecimiento que ha experimentado su región gracias a la deriva independentista que no pudieron ni quisieron evitar. Y se entiende que aspiren a una "normalización" política que permita volver a hacer negocios. Lo que no se entiende es que eso tenga que arreglarlo Madrid, cuando los únicos responsables de la situación los tienen allí mismo, a tiro de piedra. Pase que no quieran darse cuenta por depender de las subvenciones de la Generalidad, pero Garamendi podía hacérselo notar. Claro que él depende de las de Sánchez.