En un país donde ya no sorprende nada, Sánchez se ha empeñado en que no perdamos nuestra capacidad de asombro. Que un fiscal proponga archivar las querellas o denuncias que se presenten contra el Gobierno es algo que ya no maravilla. Más noticia sería que hubiera informado favorablemente de la apertura de una investigación. Lo que choca, en cambio, es que el fiscal se vaya a la radio a defender su postura. La memoria no alcanza a recordar ningún antecedente. Y es natural que no los haya. Las decisiones de jueces y fiscales se suponen técnicas y, aunque no lo sean, deben aparentar que lo son. No tiene sentido acudir a los medios de comunicación a defender la propia decisión de críticas que no son jurídicas sino políticas y proceden de personas que carecen de los rudimentos del oficio.
Más asombroso todavía es que el fiscal, una vez en la radio, en vez de limitarse a explicar la decisión a los legos, denuncie que algunos compañeros hayan acudido a su despacho a expresarle su opinión favorable a admitir a trámite los escritos contra el Gobierno. Y, en vez de rebatir los argumentos que le hayan podido esgrimir, califique las visitas de presiones fruto de la adscripción ideológica, sin conceder el beneficio de la duda a quienes tienen tanta preparación como él para calificar si hay o no indicios de delito. No sólo, sino que encima tacha a esos profesionales de sectarios y afirma que están contaminados ideológicamente sin aportar ninguna prueba de ello. Y lo dice la persona sobre la que existe la vehemente sospecha de estar actuando por orden de la fiscal general del Estado, que, además de ser su superior, ha sido ministra de Justicia del Gobierno que el fiscal no quiere investigar. No ha de olvidarse que lo que hace el informe no es resolver que no hay delito, sino que rechaza que se investigue por ser palmariamente evidente que no puede haberlo. Y no es tan evidente que no lo hay, a la vista de la negligencia con la que el Gobierno ha gestionado una pandemia que ha costado decenas de miles de vidas. Sobre todo si se tiene en cuenta que, en términos relativos, somos uno de los países con más fallecidos. En cualquier caso, no hace falta ser un sectario ni padecer ninguna contaminación ideológica para mostrarse favorable a que se admitan a trámite las quejas y se investigue.
La reacción del fiscal saliendo a la palestra a defender una decisión que no debería tener que defender más que en el ámbito jurisdiccional, alegando contaminación ideológica en quienes creen con igual autoridad lo contrario que él, junto con la presencia en la Fiscalía General de alguien con una opinión necesariamente sesgada de la cuestión delatan un caso de libro de excusatio non petita, accusatio manifesta. Lo único que ha conseguido el fiscal comportándose del modo que lo ha hecho es despejar las dudas que tuvieran quienes sospecharon de su informe.