La lamentable pérdida que para el mundo del Derecho supone la muerte de García-Calvo no esconde las trascendentales consecuencias que puede tener para el futuro de la nación española.
Una parte considerable de ese futuro está en manos del Tribunal Constitucional, ya que de él depende determinar si es o no acorde a nuestra Carta Magna la marcha hacia el estado confederal que ha iniciado el estatuto de Cataluña.
La cuestión no tendría tanta gravedad si no fuera porque, desde hace tiempo y, sobre todo, desde que la presidenta María Emilia Casas fuera duramente reconvenida por María Teresa Fernández de la Vega, los seis magistrados socialistas actúan en bloque y se muestran resueltos a apoyar a Zapatero en todo cuanto éste les reclame.
Lo prueba la sentencia que declara la constitucionalidad de la Ley de Violencia de Género, grosera violación del principio de igualdad de todos los españoles ante al ley.
Cuando el PP logró que fuera aceptada la recusación del progresista Pérez Tremps por haber colaborado en la elaboración de un informe encargado por la Generalidad sobre la constitucionalidad del estatuto, Zapatero se propuso reconstruir la mayoría socialista en el alto tribunal para que su proyecto de lo que podríamos llamar "reforma constitucional por la puerta de atrás" saliera adelante.
Por eso, se cambió aprisa y corriendo la Ley del Tribunal Constitucional, para que María Emilia Casas pudiera seguir presidiéndolo a pesar de haber vencido el plazo de tres años al que limita la Constitución su mandato. Por eso se colocó una trampa a dos magistrados conservadores, entre ellos al mismo García-Calvo, pidiéndoles su opinión sobre la reforma, para que su contestación por escrito sirviera de base a una posterior recusación del Gobierno y que una sala de mayoría socialista declarara la constitucionalidad de esa prórroga. Gracias a ella, María Emilia Casas, como presidenta, ha venido posponiendo indefinidamente la discusión sobre el estatuto a la espera de que, de una u otra forma, los socialistas recuperen, en este asunto, el control del tribunal.
Una extrañísima denuncia presentada precisamente contra García-Calvo a raíz de una discusión de tráfico pudo haberlo logrado. La cosa quedó en nada, pero el hecho de que la misma fuera presentada por una persona con antecedentes penales hizo dudar de si el incidente no fue provocado precisamente para luego denunciar y conseguir que el magistrado fuera suspendido de sus funciones, tal y como establece el artículo 24 de la ley orgánica que regula el alto tribunal cuando uno de sus miembros es procesado.
Ahora, finalmente, tras la muerte de García-Calvo, la sala que debería resolver sobre la constitucionalidad del estatuto vuelve a estar controlada por los socialistas, pues sólo serían diez los magistrados encargados de debatirla y el empate a cinco podría ser dirimido a favor de la constitucionalidad por María Emilia Casas, como presidenta.
¿Qué puede hacerse? García-Calvo fue nombrado magistrado del Constitucional por el Congreso de los Diputados a propuesta del PP. Tendrá que ser, pues, el Congreso el que designe al magistrado que le sustituya, que debería ser, como lo fue García-Calvo, la persona que señale el PP. Es probable que el PSOE trate de que sea elegido alguien "de consenso", o sea, de los suyos, o al menos, susceptible de ser controlado. Sin embargo, el PP debiera insistir en alguien que sea conservador o, si lo prefiere, en una persona de probada independencia, como lo son, por otra parte, la mayoría de los que se dice pertenecen al llamado sector conservador. Y no sólo, sino también reclamar que, hasta que no se verifique el nombramiento, no se debata la constitucionalidad del estatuto.
He aquí una interesante batalla donde al nuevo equipo de Rajoy en las Cortes se le brinda una magnífica ocasión de demostrar de qué pasta están hechos. Si, como es probable, se dejan embolicar, lo pagaremos todos.
