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Emilio Campmany

Justos y pecadores

Al final, con tal de que se nos permita cobijarnos bajo el paraguas que protege a los independentistas, nos haremos todos nacionalistas.

Emilio Campmany
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Al final, con tal de que se nos permita cobijarnos bajo el paraguas que protege a los independentistas, nos haremos todos nacionalistas.
EFE

Los privilegios de los que ha gozado siempre el independentismo han hecho que sean hoy naturales. Como en el Ancien Régime, los nacionalistas forman parte de un estamento separado, dependiente de una jurisdicción que, aunque sea formalmente la misma, se comporta con ellos de manera diferente. Y está sometido a unas normas que, aunque también sean iguales para todos, se interpretan para ellos de forma distinta. El pobre Rayo Vallecano, a la desgracia de padecer un grupo de hinchas de extrema izquierda autodenominado Bukaneros, añade la de no querer independizarse de La Guindalera, Usera y Pan Bendito. En estas condiciones, es natural que le hayan aplicado el reglamento y hayan suspendido el partido que estaba jugando con el Albacete. La severa medida se acordó debido a los permanentes insultos que la grada estaba dedicando a uno de los jugadores visitantes, un ucraniano tachado, al parecer injustamente, de nazi. En cambio, si el equipo infractor es el Barcelona o el Athletic de Bilbao es natural que, conforme a su jurisdicción especial, los comportamientos sancionables que sean consecuencia de su alto ideal de independencia sean tolerados y queden eximidos de sanción. Así ocurre cada vez que las aficiones de estos equipos silban el Himno Nacional o cometen cualquier atropello en sus estadios. Ya veremos qué sucede en el clásico, pero es seguro que cualquier violación de las leyes deportivas será exculpada si se ampara en lo muy nacionalista que es el Barcelona.

La diversidad de jurisdicciones no sólo se aplica al fútbol. A las comunidades autónomas les pasa lo mismo. A nadie se le escapa que el Gobierno de la Generalidad de Cataluña incumple sistemáticamente una gran diversidad de leyes, incluida la Constitución. Tales conductas quedan habitualmente impunes debido a esa especial jurisdicción de que gozan soberanistas y golpistas. Naturalmente, el resto queda sometido al ordenamiento jurídico y a la autoridad del Gobierno, que no tiene empacho en ejercerla de forma groseramente arbitraria, cuando no abiertamente ilegal. De esa forma, en estos meses en que el Parlamento del País Vasco aprueba leyes inconstitucionales para perseguir a la Policía por combatir el terrorismo o el de Cataluña reprueba al Rey o se declara insumiso respecto de la Constitución, las llamadas al orden son Andalucía y Madrid. A la primera se le pretenden intervenir las cuentas por irregularidades de las que es responsable la actual ministra de Hacienda por su gestión cuando fue consejera de la comunidad. A la segunda se la quiere obligar a subir unos impuestos que tiene perfecto derecho a bonificar.

De manera que a todo el mundo le parece muy normal que el Gobierno haga la vista gorda con expresas violaciones del orden constitucional cometidas por Gobiernos independentistas mientras somete sin fundamento legal alguno a los manchados con el pecado original de no ser nacionalistas ni socialistas. Al final, con tal de que se nos permita cobijarnos bajo el paraguas que protege a los independentistas, nos haremos todos nacionalistas, como han empezado a hacer en Teruel.

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