Marchena ha prestado un servicio impagable a la Justicia española. Desde los tiempos de la Transición, el PSOE siempre ha deseado quebrar la independencia del Poder Judicial para evitar que los jueces controlaran sus desmanes, que no sólo eran los de la corrupción. Felipe González no vestiría hoy el disfraz de estadista que lleva, sino que se vería como el líder fundador de una banda terrorista que fue, si los jueces que deberían haberle juzgado hubieran sido realmente independientes. Luego, el PP faltó en dos ocasiones a su palabra de devolver la independencia a la Justicia para poder igualmente mangonearla, aunque también en eso son más torpes que los socialistas.
Finalmente, llegó el intento de golpe de Estado de los separatistas catalanes. Eso lo cambió todo. Tanto el PP como el PSOE quisieron pastelear una solución política que permitiera a los golpistas salir impunes de la intentona. Naturalmente, la víctima de ese pastel sería el régimen de 1978. Hubo dos actores que frustraron tan perverso plan. Por supuesto, el rey. Y luego, animados por el discurso del monarca, los jueces, que, en esta ocasión tan grave, decidieron obrar con la independencia que, en otras ocasiones, no tan importantes, les faltó. No se trata sólo de Llarena, aunque su caso sea el más obvio. Me refiero a todos los jueces que, en Cataluña, persiguen hoy como pueden los muchos desmanes del independentismo en el poder sin ningún apoyo de éste ni del anterior Gobierno. Y también hablo de todos aquellos que exigieron que el Ministerio de Justicia, hasta entonces indiferente, auxiliara a Llarena frente al intento de los golpistas de que la Justicia belga lo empitonara.
Ahora, el PSOE pretendía, como siempre, apoderarse del Poder Judicial. Sin embargo, la situación es mucho más grave que en la época de González. Sánchez pretendía compartir ese control con los enemigos del régimen, los comunistas de Podemos y los independentistas catalanes. Ya no es cuestión de ocultar corrupciones, abusos y atajos antiterroristas. Ahora el objetivo es utilizar el Poder Judicial para reformar el régimen. No es casualidad que Garzón, el maestro del uso alternativo del Derecho, controle el Ministerio de Justicia a través de Delgado. Por lo tanto, con ser ya muy grave, el propósito no era sólo conseguir para los golpistas, en la medida de los posible, una condena benévola. El fin primordial era impedir que los jueces fueran un obstáculo para la transformación de España que izquierdistas y nacionalistas esperan pactar.
Marchena ha desbaratado la odiosa trama. Por primera vez, los jueces se niegan a ser controlados por los otros dos poderes del Estado. Aunque todo llega un poco tarde, llega a tiempo. En España, mal que bien, sigue habiendo jueces independientes. España, a pesar de sus gobernantes, sigue siendo un Estado de Derecho. España, gracias en esta ocasión a su rey y a sus jueces, sigue siendo una nación. Sánchez, Iglesias y Junqueras han sufrido hoy una gran derrota. Es una gran noticia.