Se está diciendo mucho que el exilio de Don Juan Carlos protege a la Monarquía. Eso podría ser así en otro país distinto al nuestro, pero aquí no funciona. En España tenemos a un expresidente del Gobierno socialista que fundó y dirigió una organización terrorista desde la presidencia del Gobierno y todos hacemos la ficción de que fue un intachable gobernante porque un magistrado del Supremo nombrado por el propio Felipe González se fajó para que no tuviera que responder de sus crímenes. Por no hablar de los escándalos de corrupción o el indulto a Gil bajo amenaza de revelar no sé qué pagos. Tenemos a otro expresidente socialista que se ocupa, con la benévola tolerancia del Gobierno de Rajoy y de Sánchez, de proteger, defender y apuntalar a la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Es algo que tiene con toda seguridad relación con el dinero que recibió del régimen chavista el embajador de Zapatero en Caracas cuando éste era presidente. Sin contar la criminal negociación con ETA. Padecemos además a un presidente socialista que se atribuye mediante fraude títulos que no tiene derecho a ostentar, que llega al poder del brazo de terroristas, golpistas y comunistas vendidos a dictaduras extranjeras, y que es sobre todo responsable de decenas de miles de muertos por su gestión partidista de la crisis del covid-19.
Estos tres socialistas, que han ostentado u ostentan la segunda magistratura del Estado, deberían estar escondidos en el agujero más remoto que pudiera encontrarse, avergonzados de su criminal uso del poder. Y, sin embargo, los tres gozan de una imagen impoluta sin más tacha que la que pueda llegar a través de la crítica política. A pesar de que no sólo es dinero. Están los muertos del GAL, los de Venezuela y la ETA y los del covid-19. Y puede ser así porque jamás han reconocido sus culpas y ningún juez los ha condenado nunca. Juan Carlos ha prestado a España servicios mucho más importantes que los de estos socialistas. Y ha cometido pecados infinitamente menores que los que pesan sobre la conciencia de los tres. Y, sin embargo, Felipe VI ha sido obligado por el infame Sánchez a exiliarlo, deshonrarlo y humillarlo y, de paso, manchar la institución. Y sin que ningún juez haya acusado de nada al rey emérito.
¿Por qué ahora, tras lustros de haber estado Juan Carlos beneficiándose de las mismas ficciones que hacemos con los expresidentes, se ha levantado la veda contra él, mientras los tres socialistas siguen disfrutando de inmerecidos honores y reconocimientos? Es revelador que, en un hagiorreportaje de este fin de semana sobre la figura de Iván Redondo, que es quien realmente nos gobierna, el jefe de gabinete dijera que le molestaba ser acusado de táctico, al ser él más bien un estratega. Y para demostrarlo admitió estar trabajando en la reforma de la Constitución. Pablo Iglesias, que se lleva muy bien con Redondo, dijo que España no sería una democracia hasta que guillotináramos a un rey. Ya lo hemos hecho. Los que lo han tolerado o lo saludan como una medida indispensable para proteger a Felipe VI y a la institución deberían recordar que, en aquella Francia, la cabeza del rey no fue, ni mucho menos, la única que rodó.