Lo crucial en el nombramiento de Dolores Delgado no es su falta de idoneidad. Tampoco que una decisión que corresponde al Gobierno la haya tomado Pedro Sánchez por sí y ante sí. Ni siquiera lo peor es el atentado que a la independencia judicial supone. Lo más grave es lo que delata. A lo que va Dolores Delgado a la Fiscalía es a impedir que los jueces apliquen las leyes a lo que pacten PSOE y ERC.
Naturalmente, el nombramiento de un fiscal general dócil es condición necesaria, pero no suficiente, para perpetrar lo que el tripartito se propone. Y ahí es donde empieza el papel de los jueces. Es habitual que éstos se dejen impulsar por la Fiscalía en la persecución de las ilegalidades cometidas por los políticos, y es raro que un juez no actúe de conformidad con su fiscal en estos casos. Es un modo de actuar prudente si se desea preservar el rigor jurídico y conservar las expectativas de progreso profesional. ¿Qué ocurrirá en el futuro si la fiscal general logra imponer el criterio del Gobierno a sus subordinados? Pues que tendrán que ser los jueces los encargados de velar por el cumplimiento de la ley atendiendo a impulsos que, no pudiendo venir ya del fiscal, procedan de otras instancias, básicamente, la oposición. No será fácil ni saldrá gratis. Sin embargo, cabe ser moderadamente optimista si se tiene en cuenta que, en todo este asunto del golpe de Estado intentado en Cataluña, la respuesta de los jueces ha sido razonablemente independiente. Claro que contaban con la Fiscalía. Veremos en el futuro.
Ante este escenario, es muy importante el papel de la oposición como impulsora de la acción judicial. Las demandas, denuncias, querellas y acciones tienen que estar bien meditadas, razonadas y, sobre todo, sólidamente fundamentadas. Por eso, no tiene sentido que Pablo Casado, en pleno calentón, amenace con denunciar el nombramiento de Delgado, que, con ser un atentado a la independencia judicial, es casi inatacable desde el punto de vista legal. Lo que se haga tiene que estar bien atado, no hay que disparar acciones judiciales a diestro y siniestro porque las inevitables derrotas afectarán a la credibilidad de lo que luego se haga.
Una última responsabilidad de esa misma oposición es la de denunciar en Europa las agresiones que nuestro Gobierno ya está haciendo, y con toda seguridad hará, contra los valores de la Unión Europea, incluidos el Estado de Derecho, la separación de poderes y el imperio de la ley. ¿No están metiendo en cintura a Polonia y a Hungría por cosas parecidas? ¿O es que la UE sólo actúa contra Estados miembro gobernados por la derecha? Hay mucho trabajo que hacer, pero hay que hacerlo bien y dejarse de griterío baldío y aspavientos inútiles. La ventaja que ofrece Sánchez estriba en que no quiere cambiar la ley, sino violarla. Y contra eso tenemos normas que los jueces pueden aplicar a impulso de la oposición. Se aproximan tiempos duros, en los que es esencial tener la cabeza fría y despierta.