Una de las bendiciones que iba a traer el adiós al bipartidismo era la de poder prescindir de los nacionalistas para formar mayorías. El ganador de las elecciones ya no tendría que comprar los votos de los nacionalistas vascos o catalanes, o de ambos, para poder ser investido. Se suponía que ya no tendríamos que pagar el precio que se ha estado pagando no sólo en dinero, también en generosas concesiones a la agenda nacionalista, que han hecho que en el País Vasco y Cataluña partes considerables de la Constitución no están vigentes de facto. Esto pareció confirmarse cuando Rajoy salió investido sin tener que negociar nada con los nacionalistas.
Sin embargo, llegado el momento de votar los Presupuestos, vuelven a ser decisivos los votos del PNV. Cuentan las crónicas que en el momento en que escribo está a punto de suscribirse un acuerdo por el que el PNV votará los Presupuestos a cambio de que se resuelvan a su favor las disputas pendientes sobre cuánto tenía que haber contribuido el País Vasco a los gastos del Estado en los dos últimos lustros y a cuánto ascenderá el cupo en los próximos cinco años. De nuevo nos hallamos en la situación de que unos españoles se beneficien en perjuicio del resto gracias a que votan a partidos nacionalistas. Si todos hiciéramos lo mismo, el país sería ingobernable. Los partidos de ámbito nacional deberían imponerse que el chalaneo presupuestario se limitara a lo que es aplicable a toda España y no a lo que reciba cada territorio. El PNV puede legítimamente exigir que se gaste más en educación, en Extremadura y en el País Vasco, o en sanidad, en Andalucía y en Euskadi. Lo que no es legítimo es exigir más dinero, para lo que sea, con tal de que se gaste en su territorio. Y el Gobierno, de cualquier color, no debería permitirse descender a negociar en esos términos.
Lo terrible es que esto no es ni mucho menos lo peor. Junto a los beneficios económicos que los nacionalistas logren para los españoles que viven en su territorio están los acuerdos por los que el Gobierno se obligará a ceder soberanía en tal o cual ámbito, a veces forzando las costuras de la Constitución, cuando no rompiéndolas. Estarán además los acuerdos para retirar recursos de inconstitucionalidad pendientes y que sean formalmente constitucionales leyes y actos que no lo son o que al menos el Gobierno creía que no lo eran. Y eso sin contar lo peor con diferencia, lo que acuerden respecto a la ETA, probablemente la transferencia de las competencias en materia de prisiones junto con el traslado de todos los presos etarras a cárceles del País Vasco. No es casualidad que Erkoreka diga que el acuerdo alcanzado traerá la "paz fiscal", porque en lo que está pensando es en la paz etarra. Nuestro problema no es la ausencia de mayoría absoluta. El verdadero es de falta de dignidad.