La sentencia con la que Tribunal de la Unión Europea nos da el último de una larga serie de sartenazos suscita un montón de cuestiones, cada una digna de análisis separado. La primera es su flagrante injusticia. Las normas europeas dejan a cada país miembro la aplicación de sus normas electorales y tan sólo exigen que la elección sea democrática. En España, para ser senador o diputado no basta ser elegido, sino que es necesario jurar o prometer la Constitución y obtener la correspondiente acta. El tribunal dice que para ser eurodiputado español esto no es necesario. Entonces, ¿por qué llevamos lustros exigiendo que todos los eurodiputados cumplan las formalidades exigidas por las legislaciones de sus respectivos países si, según la Justicia europea, son perfectamente inútiles?
Otra consideración deriva de la seguridad de que esto no se lo hubieran hecho a Francia o a Alemania. En cambio, por no sentirnos solos en el maltrato, se lo hubieran podido perfectamente hacer a Polonia o incluso a Italia. Como cuando el socialista Timmermans abrió expediente a Polonia por hacer algo que tenía perfectamente derecho a hacer, por torcidos que fueran los objetivos del Gobierno de Varsovia. En aquella ocasión nadie, incluidos nosotros, levantó un dedo por defender a los polacos.
Luego están las consecuencias prácticas. Mientras España tramita el suplicatorio, Puigdemont podrá pasearse no ya por Europa, sino por toda España riéndose de su Gobierno, de su Justicia y de todos nosotros sin poder ser detenido hasta que el suplicatorio se conceda, quién sabe cuándo. Desde el punto de vista social, la sentencia incrementará el euroescepticismo, y no faltarán españoles que envidien a los británicos, a quienes dentro de poco no podrán hacerles los que nos vienen haciendo a nosotros.
Sin embargo, lo más importante es que todo esto no sólo nos pasa por lo mucho que en Europa nos desprecian. Pasa sobre todo por lo mucho que nos desprecian nuestros Gobiernos. Ninguno de ellos quiso asumir la derogación de la Doctrina Parot pactada por Zapatero con la ETA y lo que se hizo fue conseguir que fuera un tribunal internacional el que hiciera el trabajo sucio para no tener que asumir ninguna responsabilidad frente al electorado. Se permitió y toleró que el proceso de independencia en Cataluña avanzara de ilegalidad en ilegalidad hasta que no hubo otro remedio que intervenir. Y cuando finalmente se actuó, en vez de emplear la cirugía adecuada se recurrió a indoloros e ineficaces métodos homeopáticos. Rajoy dejó escapar a Puigdemont por negligencia y quién sabe si con connivencia, dando lugar a todas las humillaciones que esa fuga nos ha traído. Y, por último, no es descartable que el Gobierno de Pedro Sánchez haya igualmente estimulado una sentencia favorable a Junqueras como precio de su negociación con Esquerra o con Junts, o por exigencia del PSC o por cualquier otro cálculo derrotista de los muchos que lleva hechos el PSOE. Con estos padrastros que han sido Zapatero y Rajoy y todavía es Sánchez, ¿quién necesita una madrastra? Pues por si acaso, ahí está Europa dispuesta a desempeñar el papel.