A pocos habrá sorprendido el inmediato rayo con que el ministro del Interior ha fulminado al guardia civil que informó de la conducta presuntamente negligente del delegado del Gobierno en Madrid. Evidentemente, se trata del típico aviso mafioso para que todos vean qué les ocurre a quienes prefieren ser leales a la Ley antes que al Gobierno. El empujón con el que ha sido ascendido el urgente sustituto del número dos de la Guardia Civil está igualmente sacado del manual de la Ndrangheta. Se le asciende de general de brigada a teniente general sin pasar por general de división para que todos vean la generosidad con la que se premia a los fieles. Negar la evidencia es también técnica de manual de la Camorra, pues nunca hay que perder la esperanza de que un juez se niegue a admitir las pruebas, por abrumadoras que sean. Que se lo digan si no a Felipe González o a Rubalcaba.
Sin embargo, en esta ocasión hay más. No sabemos si el delegado del Gobierno en Madrid, investigado por haber autorizado la manifestación del 8-M no obstante los informes previos del virus, guarda órdenes recibidas por escrito del ministro del Interior. Pero, aunque no las tenga, podría alegar que se le cursaron y obligar a su superior a comparecer y tener que negar haberlas dado. El arcón que ha abierto la juez Rodríguez-Medel está infestado de sapos y culebras que, de llegar a salir, envenenarán el futuro de algunos de los integrantes del Gobierno, incluido su presidente. Marlaska necesita, para él, para su jefe y para sus compañeros, evitar a toda costa que el arca se abra.
Antaño se podría haber aventurado con grandes probabilidades de acierto que lo lograría. Sin embargo, hoy el Ejecutivo, desde la intentona golpista en Cataluña, ya no tiene sobre el Poder Judicial el control que ostentó. Se ha comprobado recientemente con la revocación de las prohibiciones de las manifestaciones de Vox en Castilla-León y en Cataluña, pese a tener el Gobierno, en estos dos casos, razones de cierto peso que alegar. De manera que hoy Sánchez no puede estar seguro de que atajará la hemorragia que acaba de declararse en su Gabinete. Y sin embargo lo tiene que intentar, porque, de no hacerlo, las condenas de algunos miembros de su Ejecutivo, y quién sabe si de él mismo, podrían perfectamente llegar. En España llevamos mucho tiempo incorporando al catálogo de delitos conductas negligentes que, sin causar ningún daño, implican en sí mismas un riesgo. Se trata de comportamientos que antes, no habiendo percances, sólo se castigaban con una sanción administrativa. Entonces, si conducir ebrio, a alta velocidad o temerariamente es un delito, aunque no se cause daño a nadie, ¿cómo ha de calificarse la autorización de manifestaciones multitudinarias con conocimiento de la presencia de un virus muy contagioso que es letal para un porcentaje considerable de infectados y a consecuencia del cual han fallecido decenas de miles de personas? No lo dirán, pero es ahora cuando de verdad a Sánchez, Illa y Marlaska les costará conciliar el sueño.