Como recordaba Florentino Portero en una premonitoria conferencia en enero de 2015, a los rusos en general y a Putin en particular el Derecho internacional no les preocupa mucho. Hoy tampoco les preocupa a los ucranianos, que tienen cosas más urgentes que atender. Sin embargo, el asunto no es baladí.
Si nos dirigimos a una gran conflagración mundial, la justicia la impondrá quien gane, da igual con qué argumentos. Pero si no es así y la guerra se limita a Ucrania, cuando termine, Putin y Rusia se deberían enfrentar a graves consecuencias jurídicas. La invasión del país eslavo es una grave violación de la Carta de Naciones Unidas porque no hay defensa propia, no hay resolución del Consejo de Seguridad que la autorice ni están los rusos en Ucrania defendiendo los derechos humanos de nadie.
Pero condenar a Putin por esta invasión sin justificar no será tan fácil como pudiera parecer. En el tratado que creó el Tribunal Penal Internacional, Rusia –como Estados Unidos– no fue parte. Tampoco es fácil que los delitos que persigue este tribunal puedan atribuirse personalmente a Putin y no a sus tropas, salvo el de agresión, que, por otra parte, exige resolución del Consejo de Seguridad de la ONU condenándola. Y ya se sabe que Rusia vetará toda condena.
En la ONU puede haber un proceso, da igual que sea ante un tribunal especial ad hoc o en su tribunal permanente. En él, Rusia puede alegar que actuó en legítima defensa ante la amenaza de que Ucrania se incorporara a la OTAN, organización a la que tachará de antirrusa, o que intervino para defender los derechos humanos de los ruso-parlantes y que no hizo nada que no hubiera hecho ya en 2014 a la vista y paciencia de todos. Y, en cuanto a no contar con resolución del Consejo respaldando su intervención militar, dirá que Estados Unidos tampoco la tenía cuando invadió Irak en 2003.
Es evidente la falacia de estas alegaciones porque Ucrania no significaba ninguna amenaza para Rusia y no podía estar en trance de incorporarse a la OTAN, ya que la organización tiene vedado el acceso a países con territorios en disputa, como era el caso de Ucrania tras la anexión de Crimea y la invasión del Dombás precisamente por Putin. También es evidente que los derechos de los ruso-parlantes no estaban amenazados por Kiev, salvo que se considere una amenaza que el país aspirara a integrarse en la Unión Europea. Y si es verdad que es debatible jurídicamente si Estados Unidos tenía o no respaldo del Consejo de Seguridad cuando invadió Irak en 2003, el tema no deja de ser discutible, mientras que está claro que Rusia de ninguna manera lo tenía cuando invadió Ucrania.
En cualquier caso, cuando se plantee la lucha jurídica, será muy importante ganarla, porque Occidente no debe permitir que se mine el orden mundial dejando sin sancionar una violación del Derecho internacional tan flagrante y repulsiva como la cometida por Putin. Y no será fácil porque, al margen de lo que los abogados puedan alegar, serán muchos los intereses económicos que querrán hacer borrón y cuenta nueva. Si fuera así, ese desfallecimiento del Derecho internacional sería una derrota de nuestros valores de consecuencias letales para Occidente.