La dimisión de Pedro Duque es exigible por mera aplicación del listón de Sánchez, según el cual procede cuando se han evadido impuestos. Claro que ese mismo listón exige la dimisión del propio Sánchez por haber plagiado la tesis con la que logró el título de doctor, causa suficiente, según él mismo, para dimitir.
Sin embargo, lo de la ministra Delgado va mucho más allá. Naturalmente, si se demuestra, como es el caso, que una ministra que es fiscal de profesión oyó la confesión de un funcionario de la Policía en la que contaba cómo había montado una red de prostitución con el fin de extorsionar a empresarios y políticos, aquélla debería dimitir por no haberlo denunciado. Y quién sabe si podría en el futuro ser acusada de encubrimiento, si llegara a demostrarse que en efecto el policía cometió los delitos de los que se jacta ante ella. Pero, siendo todo esto gravísimo, no es ni mucho menos lo peor.
La cuestión es que Delgado y Villarejo tenían una relación suficientemente estrecha, probablemente Garzón mediante, como para que el excomisario le contara lo que estaba haciendo. Pero ¿para qué se lo cuenta? ¿Sólo para pavonearse? No es corriente que quienes cometen delitos de esta clase los aireen frívolamente en un almuerzo. Por otra parte, cabe pensar que algunos de los que cayeron en la tentación de tener encuentros con las prostitutas de Villarejo no eran personas que tuvieran mucho dinero, sino funcionarios que podían tomar decisiones en beneficio de otras que sí lo tenían. Pero ¿por qué estaba Delgado al cabo de la calle de los manejos de Villarejo? ¿Tenía ello que ver con sus funciones como fiscal?
Y aún hay más preguntas. Si la finalidad de todas estas filtraciones tuviera como objeto chantajear a la ministra para que ésta logre la puesta en libertad de Villarejo, algo que no puede hacer directamente, ¿tiene sentido hacerlo revelando que Villarejo ha cometido otros delitos muy graves, distintos de aquellos de los que ya se le acusa? Sabido es que la fonoteca y videoteca de Villarejo, desde que se registró su casa, ya no está bajo su exclusivo control. Y el director del CNI, en una nueva excusatio non petita, se ha apresurado a declarar que no las tiene.
En todo este asunto, quienes están siendo en realidad chantajeados no son tanto los miembros del Gobierno de Sánchez, sino esos jueces y magistrados de los que se sospecha tuvieron relaciones con menores cuando estuvieron en Cartagena de Indias y que podrían ver publicados sus nombres. Y también todos aquellos, incluidos quizá algunos jueces y fiscales, que cayeron en la red de prostitución de Villarejo y que hoy saben que sus vídeos podrían ver la luz. Si fuera así, ¿con qué objeto se les está amenazando?
Mientras, las asociaciones de jueces respaldan a la ministra y no consideran que en las conversaciones publicadas haya nada que justifique su dimisión. Aquí hay gato encerrado.