El modo en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha enfrentado la crisis del covid-19 le ha hecho incurrir presuntamente en varios delitos. Por un lado, tenemos los relacionados con la falta de adopción de medidas no obstante haber tenido noticia de la gravedad de la epidemia para no tener que desconvocar las manifestaciones del 8-M. A consecuencia de esta omisión podrían haber muerto varios miles de españoles. Pero están también las prevaricaciones en que se podría estar incurriendo para frenar la acción de la Justicia.
Nuestro sistema político dificulta extraordinariamente la censura parlamentaria del Gobierno. Eso permite a nuestros presidentes no verse obligados a dimitir, por enormes que sean los escándalos. Tampoco es imaginable que el partido que sostiene al Gobierno derroque al presidente incompetente. Los diputados de ese partido no deben su escaño a los electores, como en Gran Bretaña, sino que lo ocupan gracias al presidente. No puede extrañar que nunca hagan nada en contra de quien allí los puso... y de quien dependerá que vuelvan a ser elegidos.
Por todo esto, las sentencias que afectan a políticos son aquí tan trascendentales. En otros países, mucho antes de que llegue la acción judicial, e incluso sin que haya perspectiva de ella, el político incurso ya ha dimitido. Aquí, en cambio, una dimisión de un presidente es impensable antes de que los jueces tomen medidas contra él. Suárez fue el único que lo hizo, y porque entonces nuestra democracia estaba en pañales. Felipe González, Zapatero y Rajoy tuvieron poderosas razones para dimitir y no lo hicieron. Sánchez tiene más que todos ellos juntos y tampoco lo va a hacer.
La palmaria incompetencia, la conducta censurable, como es el plagio de la propia tesis doctoral, y no digamos la presencia de vehementes indicios de delito deberían bastar para provocar la dimisión. No es justo cargar sobre los jueces la responsabilidad de decidir si un gobernante debe o no seguir siéndolo. Y además no es conveniente porque podría parecer que son los jueces quienes gobiernan. Ésa es la línea de defensa de Sánchez. Conforme el olor a banquillo se espesa, se multiplican las acusaciones de golpismo. Incluso se desmiente, como si fuera necesario hacerlo, el peligro de insubordinación de la Guardia Civil. La presencia de comunistas en el Gobierno y la adopción de una política blanda con el separatismo, siendo responsabilidad exclusiva de Sánchez, se presentarán como la justificación a la que imaginariamente se acoge ese supuesto golpe de Estado. En definitiva, están pensando en exigir impunidad a sus criminales omisiones bajo el pretexto de que cualquier responsabilidad penal que se les atribuya tan sólo estaría encaminada a acabar ilegalmente con un Gobierno legítimo democráticamente elegido.
Y la verdad es que no hay ningún peligro de que el Gobierno pueda ser derrocado por los jueces imputando a sus miembros delitos que no han cometido. El verdadero peligro es que el Gobierno pretenda seguir gobernando no obstante haberlos perpetrado. Ése sí que sería un verdadero golpe de Estado. No hace falta ser un lince para darse cuenta de lo peligrosa que puede llegar a ser la situación.