Desde que el Supremo empezara a admitir querellas contra Garzón, que ya van tres, El País se ha erigido en baluarte del juez. El argumento no es muy sutil. Un juzgador de izquierdas ha de gozar de inmunidad, no como un privilegio personal, sino por la bondad intrínseca de su ideología. Por eso, ninguna importancia tiene que Garzón aplique la ley de amnistía según le pete; ni que reclame dinero por escrito a personas encausadas en su juzgado a las que, tras el abono de la suma exigida, exculpa; ni que ordene escuchas expresamente prohibidas por la ley en flagrante violación del derecho constitucional a la defensa.
Pero, con ser este planteamiento sectario e inmoral, resulta en realidad excesivamente elevado para la gente de El País. Cuando rompen una lanza tras otra en defensa del juez universal no lo hacen por salvarle a él o a sus afanes, sino para proteger a Rubalcaba. El futuro político de Freddy depende de que el caso Faisán se archive y Garzón es quien tiene la llave del cajón donde descansa el sumario en un inquietante duermevela. Así es como lo tiene el juez, que ni lo archiva ni lo reactiva, a la espera de que el ambicioso político y el poderoso medio que lo promociona lo rescaten de las garras del Supremo. Si entre los dos encuentran el modo de salvarle, el juez sabrá como agradecer el favor con un piadoso sobreseimiento.
Y en esas están en ca’ Cebrián, locos por ver como rescatan al magistrado de magistrados. Es tal su denuedo, que en el último titular se les ha ido un poco la mano: "Jueces aupados por el PP decidirán sobre Camps, Gürtel y Garzón". Al parecer, según El País, deberían ser jueces aupados por el PSOE los que decidieran sobre todos esos casos. ¿Por qué? Tendría sentido defender que, en casos de corrupción, sean los jueces de un partido quienes juzguen a los otros y que crean que unos magistrados socialistas juzgarían con mayor rigor los casos de Camps y Gürtel. Pero no es eso lo que deben de creer cuando añaden el caso de Garzón, en el que, por ser progresista, el mayor rigor cabría esperarlo de un juez conservador, no de un correligionario. Al final, lo que parece que creen allí es que lo ideal es que sean jueces aupados por el PSOE los que juzguen todo y que los conservadores no juzguen nada, que hay que tener valor para sugerirlo.
Una de las muchas cosas que no entienden los socialistas, da igual que sean leguleyos o plumillas, es que la ley es general. Y que, como es general, cuando se hace una para utilizarla en el propio beneficio, resulta que puede venir otro y emplearla para lo mismo. Dicho de otro modo: las leyes son un sitio en el que donde las dan, las toman. Eso es lo que ha ocurrido con la reforma del Poder Judicial que inconstitucionalmente impuso Felipe González con el fin de colocar en la cúpula judicial a gente de su cuerda. Cuando llegó el PP al Gobierno hizo lo mismo recurriendo a la misma ley. Y ahora viene El País a quejarse de que en el Supremo hay demasiados jueces conservadores. Llegará el día en que pretenderán que la ley diga que, para estar en el Supremo, hay que ser socialista viejo y estar avalado por cinco militantes del PSOE. Capaces son de proponerlo.