Todos sabemos que nuestra Justicia está politizada. Pero sería deseable mantener al menos las formas. Desde el principio, el juez Llarena ha recurrido a argumentos políticos para justificar sus decisiones judiciales. Sin embargo, el último auto rechazando la petición de la Fiscalía de que se decretara una nueva orden de detención contra Puigdemnont constituye un monumento a esa politización. Se alega que lo que pretende Puigdemont es forzar su detención. ¿Y qué? ¿Es que no se debe detener a quien se entregue? Tiene en consideración el juez las supuestas intenciones de Puigdemont, que, fueran las que fueren, el magistrado no puede conocer y que, en todo caso, son irrelevantes. Dice Llarena que Puigdemont pretende con su detención justificar su ausencia del pleno y, en virtud de ello, poder alegar incapacidad legal de asistir al de investidura. ¿Y qué? No es posible negar una detención con el argumento de que, en caso de ser detenido, la situación política del investigado mejoraría. Nuevamente, eso es irrelevante. Lo único que debiera haber considerado el juez es si hay fundamento suficiente para ordenar su detención.
Por último, para colmo de males, dice el juez que el objetivo de la causa judicial contra los líderes independentistas es "poner término" a "la estrategia anticonstitucional e ilegal" del Gobierno autonómico destituido y que Puigdemont quiere "restablecer". Esto no es así. El objetivo de la causa judicial nunca puede ser ése. Su objeto es acreditar unos hechos, calificarlos y decidir si son o no constitutivos de delito, comprobar que los mismos son imputables a los investigados y, en consecuencia, imponerles las condenas señaladas en la ley. Que eso convenga más o menos políticamente no está al alcance del juez valorarlo.
El juez Llarena está actuando conforme a un plan, que él considera idóneo, para evitar que Puigdemont obtenga un rédito político de su persecución. Pero esa clase de planes se diseñan en un Consejo de Ministros, no en la sala de un juzgado, por muy supremo que sea. Lo gracioso del caso es que, aunque se pueda creer que es una táctica diseñada por el Ejecutivo que el juez Llarena se está limitando a ejecutar, lo cierto es que en el Gobierno no hay nadie capaz de tanta sutileza. Pero, tanto si ha salido del magín del propio juez como si lo ha hecho del de algún compañero que le esté susurrando al oído lo que hay que hacer, el inconveniente de actuar así no es si es o no eficaz para combatir a los independentistas. El verdadero problema es que el juez está actuando con total ausencia de fundamentos jurídicos amparándose exclusivamente en argumentos políticos. El modo grosero con el que lo hace perjudica gravísimamente a la imagen de España con independencia del éxito que en su guerra con Puigdemont tenga. Está poniendo en evidencia una realidad que hasta ahora no era más que una bien fundada sospecha. Esto es, que los altos tribunales españoles son organismos políticos que actúan en base a motivaciones políticas. Esta clase de munición es de las más letales que se puede proporcionar a los independentistas. Qué razón tiene el refranero cuando recuerda que el infierno está empedrado de buenas intenciones.