Es verdad que en el firmamento de la Audiencia Nacional no hay estrella más refulgente que la de Baltasar Garzón. Tan es así que, cuando Zapatero decidió elegir a Carlos Dívar, un juez católico y conservador, para presidir el Tribunal Supremo, muchos pensaron que lo hizo para que la vacante que dejaba en la presidencia de la Audiencia Nacional la ocupara el juez de jueces. Yo nunca creí en las posibilidades de Garzón, y aún hoy sigo sin creer en ellas, porque son muchos los servicios que todavía tiene que prestar para que en el PSOE le perdonen el modo en que se vengó de que Felipe González no le hiciera ministro del Interior. Pero sí creí que Zapatero provocó la vacante en la Audiencia porque necesitaba allí a alguien de confianza para cuando el Gobierno reanudara las conversaciones con la ETA. Sin embargo, la negociación sigue hoy estancada y no parece tan perentoria la necesidad de que la Audiencia sea presidida por alguien próximo al PSOE.
Descartada de antemano la posibilidad de que Dívar haya obnubilado a Zapatero con su mucha sabiduría jurídica, habrá que concluir que la vacante fue provocada para poder poner al frente de la Audiencia, no a alguien que tuviera que prestar algún servicio, sino a quien hubiera que agradecerle alguno ya prestado. Esta hipótesis, por otra parte, cuadra mejor con el estilo de hacer las cosas de Zapatero, que tiende a exigir favores presentes a cambio de recompensas futuras.
Si las cosas fueran efectivamente así y el nombramiento de Dívar fue, como parece, una patada hacia arriba para dejar libre una poltrona prometida a otra persona, habrá que recordar la fecha en que se produjo el nombramiento. El singular hecho de ver a un socialista radical como Zapatero nombrar presidente del Tribunal Supremo a un magistrado de misa diaria ocurrió en septiembre del año pasado. De todas las personas que han presentado su candidatura a presidir la Audiencia, el único que estaba haciendo algo de relevancia política por aquel entonces era el juez Gómez Bermúdez. Terminado el juicio, estaba por entonces el magistrado redactando la sentencia del 11-M, la que conocimos a finales de octubre.
No está de más recordar asimismo que el nombramiento del magistrado como presidente de la sala que había de juzgar el 11-M fue varias veces recurrido. No sólo, sino que todos los medios de la izquierda cargaron las tintas contra este juez por estar vinculado a Ángel Acebes e Ignacio Astarloa, que fueron quienes lo catapultaron desde el Juzgado Central de Menores al importantísimo Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Sin embargo, mucho antes de la sentencia, las criticas cesaron y, aunque el fallo no fue tan oficialista como la mayoría cree, el resumen que el juez hizo de ella ante las cámaras, exculpación de ETA incluida, fue un tremendo espaldarazo para la tesis oficial.
Si finalmente es Javier Gómez Bermúdez, magistrado miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, el elegido para presidir la Audiencia Nacional, puede que alguno sospeche que la promesa de ocupar en el futuro este cargo fue lo que provocó su conversión al oficialismo durante el juicio del 11-M. Ojalá que, por el bien de la Justicia y del propio Bermúdez, el CGPJ elija a cualquier otro para presidir la Audiencia.