Es prácticamente unánime el clamor por una reforma de la Constitución. Y, sin embargo, cuarenta años no son muchos. Todos los que desean reformarla deberían plantearse si serán capaces de reunir alrededor de la modificación que proponen el consenso que se logró en 1978. Legalmente, puede que baste reunir las mayorías que la misma Constitución exige, pero lo deseable es que cualquier reforma que se plantee pueda ser aprobada por una abrumadora mayoría de españoles. Conseguir esta cuota de respaldo para cualquier reforma de calado es hoy una utopía. Veamos algunas de las reformas de las que se habla.
Quizá la que pudiera reunir más consenso es la abolición de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona. No obstante, aparte la obvia falta de urgencia que este asunto demanda, una reforma de esta naturaleza podría fácilmente transformarse en un referéndum sobre la Monarquía. Entonces ya no habría un consenso aplastante.
La reforma del Senado tampoco parece despertar demasiadas polémicas. Sin embargo, la mera supresión de la cámara privaría al procedimiento legislativo de la necesaria reflexión que éste exige, además de facilitar la liquidación del bipartidismo y fomentar la fragmentación política. Debidamente explicadas las consecuencias, tampoco esta reforma sería unánimemente apoyada.
La reforma electoral para implantar un sistema mayoritario es atractiva para muchos, pero hay que tener en cuenta que se corre el riesgo de acabar ahogados en una sopa de letras o, peor aún, entregados al fulanismo. Decenas de partidos con representación parlamentaria y un buen puñado de políticos defendiendo sólo sus intereses al estilo de Jesús Gil o Ruiz-Mateos harían de España un país ingobernable. Debidamente expuestos los riesgos, serían muchos los que rechazarían una tal propuesta.
El Estado Autonómico podría ser contenido por medio de una reforma. Pero, aparte el hecho de que muchos no lo desean, lo cierto es que cierto grado de limitación y recuperación de competencias podría llevarse a cabo sin necesidad de reforma constitucional alguna.
Mucho más razonable sería actualizar la Constitución económica, heredera de los tiempos del intervencionismo económico y de pantagruélicas empresas estatales, para hacerla más liberal y de paso privar a los sindicatos y patronales de la absurda influencia que conservan en la formación de la política económica. Pero esta reforma, tan deseable, nadie la quiere.
Tampoco estaría mal que las Comunidades Autónomas sólo pudieran gastar lo que recaudan con sus impuestos y ajustar sus competencias a los medios de que dispongan. No tiene sentido que las CCAA gasten lo que el Estado recauda respondiendo sólo ante los habitantes de su región y no ante todos los españoles, que somos quienes las financiamos. Pero esta reforma, por ahora, tampoco la quiere nadie.
Tampoco estaría mal derogar la disposición transitoria que permite a País Vasco anexionarse Navarra, o dejar, en otro caso, que cualquier comunidad autónoma pueda acordar su fusión con otra, si así lo desean los habitantes de ambos territorios. Pero esto último ni se plantea.
En cualquier caso, lo sustancial es que la Constitución no está vieja. Lo que está es maltratada por sucesivos y crónicos incumplimientos muchas veces sancionados por el Tribunal Constitucional. Quizá cuando los poderes públicos se decidan a atenerse estrictamente a lo que la Constitución dice, en vez de encontrar en ella lo que en absoluto hay, podremos entonces decidir con conocimiento de causa si efectivamente se nos ha quedado vieja o no. Mientras nos dediquemos a retorcerla, obligándola a llegar hasta donde nunca quiso llegar (como con las competencias de las CCAA), o a forzarla para que restrinja derechos que reconocía (como el derecho a la vida o la igualdad ante la ley por razón de sexo), no tiene razón de ser plantearse reformar lo que de todas maneras no se cumple.