Jaime Caruana tiene razón en una cosa: que el sistema de supervisión financiera está desfasado. Nadie mejor que el gobernador del Banco de España para saberlo y, por si alguien lo duda, no tiene nada más que hacer un poco de memoria, sólo un poco, y rememorar lo que fue el caso Gescartera o lo que está siendo el del BBVA. En aquel asunto, los fallos del entramado institucional fueron clamorosos; en éste han quedado de manifiesto las dificultades para que las autoridades ejerzan su función supervisora cuando las operaciones son en el exterior y, además, no aparecen en la contabilidad del banco.
Según Caruana, las razones de este desfase son, básicamente, dos: la creciente complejidad de los mercados financieros y la facilidad con que el dinero se mueve a lo largo y ancho del mundo, lo que dificulta conseguir información. Así se explica que el Banco de España tardase tanto tiempo en reunir los datos precisos para tratar de aclarar que sucedió con las cuentas secretas del BBV en Jersey y actuar en consecuencia. Ahora bien, la complejidad de los mercados financieros no es un fenómeno nuevo, sino que viene produciéndose desde principios de la década de los noventa. Por tanto, ha habido tiempo suficiente para que el Banco de España fuese adaptándose a esta realidad. ¿Por qué no lo ha hecho? Puede que, en parte, porque también había que modernizar la legislación española, cosa que pretende hacer ahora el Gobierno con la Ley Financiera, pero puede que, en parte también, porque nadie tenía interés en hacerlo hasta que ha salido a la luz escándalos como los de Gescartera y el BBVA. Como siempre, las autoridades a remolque de los acontecimientos.
Otra cosa es la cuestión del dinero que circula por el mundo, porque el Banco de España sólo puede actuar dentro del país. Fuera necesita la colaboración de las autoridades monetarias y supervisoras de otros Estados y aquí no siempre es fácil conseguirla. En el Reino Unido, por ejemplo, sabían desde hacía muchos años que la isla de Jersey es un paraíso fiscal, pero hasta ahora no se habían preocupado por ello porque es el medio de vida de los isleños. Las cosas, sin embargo, cambiaron a raíz de los atentados del 11-S porque se financiaron gracias, precisamente, a la existencia de paraísos fiscales, por lo que para combatir el terrorismo internacional es preciso acabar con ellos. Este nuevo espíritu de colaboración, sin embargo, debe ir más allá en todo el mundo y parece que las distintas naciones así lo están comprendiendo porque cada mes se reduce la lista de paraísos fiscales.
En este ámbito de la colaboración internacional, además, hay otro aspecto. Los bancos españoles son cada vez más internacionales y, sobre todo, más europeos. Por tanto, pueden operar tranquilamente por todo el territorio de los Quince y establecer estrategias de negocio de alcance comunitario. Sin embargo, la supervisión de sus actividades hasta ahora está fragmentada porque compete a las distintas autoridades nacionales, lo que dificulta su labor. Por ello, cuando Caruana pide colaboración internacional, no habla sólo de paraísos fiscales, sino también de los propios miembros de la Unión Europea. Y eso parece sonar a que da la razón al Banco Central Europeo cuando pide que se le transfieran competencias en materia de supervisión. ¿Es esta la fórmula? En un área económica como la UE que ya cuenta con un mercado único y una moneda común, posiblemente sea la solución más sensata. La cuestión es si tanto el BCE como los Estados nacionales están preparados para un cambio de semejante magnitud.
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