Fernando Fernández de Trocóniz ha revuelto el tranquilo panorama mediático y social. Al presidente de la Comisión para la Reforma del Pacto de Toledo no se le ha ocurrido otra cosa mejor que decir que “la pensión de jubilación de la mujer tiene que ser menor porque vive más años que el hombre”. La frase, por sí misma, lo dice todo y no merece un solo carácter más ni sobre tan desafortunada expresión ni sobre el personaje.
Esta "anécdota", sin embargo, ha hecho que pase desapercibida una declaración mucho más seria e importante. Es del ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, que ha dicho, ni más ni menos, que los inmigrantes no van a resolver el problema de las pensiones en España. ¡Aleluya! Por fin alguien del Gobierno pone los pies sobre la tierra y reconoce la realidad. El sistema español de pensiones está basado en el modelo de reparto, esto es, aquel en el que las cotizaciones sociales de hoy financian las pensiones actuales. Con un país con un desequilibrio demográfico como el nuestro, en el que la sociedad envejece a pasos agigantados y, por tanto, se reduce el número de cotizantes respecto al de pensionistas, este modelo está llamado a la quiebra en un futuro que antes era el 2010 y ahora parece ser el 2025. ¿Qué hay que hacer para salvarlo?
España no es Estados Unidos
Desde las filas del intervensionismo y de la solidaridad mal entendida se ha dicho en voz alta y en repetidas ocasiones que la solución pasa por abrir las puertas de par en par a los inmigrantes, que se convertirían en cotizantes y salvarían el sistema. Craso error. Por desgracia, España no es como Estados Unidos, que recibe todo tipo de inmigrantes -de baja, media y alta cualificación-. Aquí, por lo general, los que vienen en busca de un futuro más prometedor que el que les aguarda en su país de origen son personas procedentes del Magreb, del África subsahariana o de Latinoamérica, con un nivel de formación muy bajo o, incluso, nulo. El resultado es que los sueldos que obtienen estas personas, entren en nuestro país de forma legal o ilegal, es muy bajo. Las últimas estadísticas hablan de ingresos mensuales por debajo de los 600 euros para la tercera parte de ellos; el 20% está entre los 600 y los 900 euros y sólo el 19% supera los 900 euros, aunque no por mucho. Estas cifras contrastan con los 1.222 euros de ganancia media al mes de un trabajador español, según la Encuesta Trimestral de Salarios del INE, a los que habría que sumar los ingresos procedentes de las horas extraordinarias y similares. Por tanto, los inmigrantes son personas de sueldos muy bajos y sus bases de cotización a la Seguridad Social son igualmente mínimas con lo que o entran en masa en España o no equilibrarán el sistema de pensiones. Aquí empieza el problema.
España ha demostrado en los últimos cinco años una capacidad sorprendente para crear puestos de trabajo. Pero la tasa de paro todavía supera el 12% de la población activa mientras el ritmo de aumento de la ocupación se frena con el crecimiento económico y por agotamiento. ¿De dónde van a salir todos esos puestos que harían falta para que las cotizaciones sociales de los inmigrantes equilibrasen las cuentas de la Seguridad Social en el futuro?
Luego viene un segundo problema. La mayor parte de esos inmigrantes se marchará de España cuando se jubile a disfrutar su pensión en su país de origen, como hicieron en su momento los españoles que tuvieron que buscarse un presente y un futuro en Francia y Alemania. Ese dinero, por tanto, no se gastará en España con lo que el equilibrio de mañana puede convertirse en el desequilibrio de pasado mañana.
En tercer lugar, los inmigrantes aportarán recursos a la Seguridad Social pero generarán muchos más gastos en otras partidas presupuestarias, especialmente en una tan delicada como la sanidad, que está pidiendo una reforma a gritos para poder ser viable dado el grado de envejecimiento de la población y al ritmo al que éste avanza. Por no hablar de los gastos de escolarización y formación, de ayuda a la vivienda,...
Por último está el problema sociológico. ¿Está preparada España para ser pluricultural? ¿Debe ser multicultural? Porque el latinoamericano que viene a nuestro país a veces se integra en nuestra sociedad y a veces constituye grupos étnicos. El que viene de África o del Magreb siempre hace lo último, con sus propias normas de convivencia, ajenas muchas veces, cuando no contrarias, a la Constitución, por ejemplo, en la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer que tan pronto ha olvidado Fernández de Troconiz.
Con esto no quiero parecer racista, ni mucho menos. Ojalá nadie tuviese que abandonar su país por razones políticas o económicas como hacen los inmigrantes, y ojalá los españoles pudiésemos acogerlos a todos con un trabajo y unas condiciones de vida tan dignas como las que disfrutamos nosotros, porque todos somos seres humanos. Pero hay realidades que, por desgracia, no podemos soslayar, y estas tienen que ver con la economía, con los presupuestos y con la propia sociología de unas personas que se plantean su llegada a España únicamente en términos laborales pero no vienen a integrarse también en términos sociales y culturales. Esa es una realidad ante la que no se puede cerrar los ojos.
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