Aquellos polvos trajeron estos lodos. Las comunidades autónomas, en especial Cataluña, se han empeñado en legislar contra los hipermercados y las grandes superficies para proteger al pequeño comercio. Ahora se han encontrado con que, en vez de solucionar el problema, han creado otro nuevo y todavía más nocivo para la tienda tradicional, que ha visto frenada su modernización mientras los consumidores tienen que soportar precios más elevados e incomodidades por no poder adaptar sus hábitos de compra a las exigencias de la vida moderna.
Desde la década de los noventa, la obsesión de muchos gobiernos autonómicos ha sido frenar la proliferación de hipermercados y grandes superficies, presionados por un pequeño comercio que, en vez de buscar la modernización y la adaptación a las nuevas necesidades de la sociedad, presionaron a las autoridades en busca de protección. Pero como suele pasar en los casos en que se restringe la libertad económica, al tratar supuestamente de resolver un problema, los Ejecutivos regionales han creado otro mayor. Las autonomías han puesto muchas trabas legales a la apertura de hipermercados y grandes superficies, en forma de licencias de todo tipo, de limitaciones en cuanto a número por cada zona geográfica e, incluso, en algunos casos, directamente han prohibido su implantación, todo ello porque se suponía que la proliferación de estas modalidades de distribución comercial acabaría con las tiendas tradicionales. Pues bien, con todo ello, efectivamente, se ha conseguido frenar la proliferación de grandes superficies comerciales pero, como consecuencia de ello, lo que se ha extendido han sido los supermercados y las tiendas descuento, que son los que de verdad hacen daño al comercio tradicional.
Algunas cadenas de supermercados son propiedad de empresas que tienen esta vocación, pero otras, o las tiendas descuento, son propiedad de empresas de grandes superficies que han encontrado en la utilización de estos instrumentos la forma más adecuada de eludir las limitaciones a su expansión que les imponen las normativas autonómicas. Estas empresas encuentran muchas dificultades para abrir nuevos hipermercados o grandes superficies, pero no para instalarse en locales con una superficie inferior a los 400 metros cuadrados. En lo demás, su poder de negociación con los proveedores, para abaratar los precios de venta, sigue intacto, el poder que hace verdaderamente daño al pequeño comercio. Y, además, abren sus puertas no a las afueras de las ciudades, donde hay espacio suficiente para la instalación de una gran superficie, sino en el mismísimo núcleo urbano. De esta forma, los Gobiernos regionales, que quisieron frenar y alejar al supuesto enemigo de las tiendas tradicionales, lo que han acabado por hacer ha sido meterlo en casa por la puerta de atrás.
No obstante, y a pesar de la vía de escape hallada por las grandes superficies, la libertad de apertura de supermercados y tiendas descuento no es total, con lo cual no se ha generado la suficiente competencia en el sector que abarate los precios y permita al consumidor obtener unos precios y unos servicios más acordes con sus necesidades. Por el contrario, en el sector de la distribución falta competencia y eso se deja sentir en la inflación, por ejemplo, en el precio de los alimentos, uno de los principales factores del aumento de los precios de consumo en los últimos años, sobre todo desde la entrada en vigor del euro, debido a que en la distribución minorista no hay suficiente competencia. Esa concurrencia limitada, además, no ha forzado al pequeño comercio a modernizarse y adaptarse a las nuevas necesidades de los consumidores, sino todo lo contrario. Y eso se nota si se hace una comparación por autonomías: en Cataluña, la más proteccionista con los botiguers, las cosas siguen más o menos como siempre; en Madrid, la más liberal en cuanto a horarios comerciales y apertura de nuevos establecimientos, sí se nota un comercio más moderno y especializado, que sabe aprovechar las ventajas de la proximidad al consumidor y de su tamaño.
En consecuencia, lo que deberían hacer las autonomías que están volviendo a regular para restringir todavía más la libertad de comercio es caminar en dirección contraria y avanzar hacia la liberalización. Porque de seguir por la vía por la que marchan ahora, lo único que van a conseguir va a ser proteger a unos pocos a costa de todos los demás, a costa de unos consumidores que quieren mejores precios y mejores servicios, con tiendas más especializadas y adaptadas a sus necesidades.