El Gobierno argentino ha optado por la vía de la huída hacia delante para salir del marasmo en que se encuentra inmersa su economía. El pasado fin de semana, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Competitividad, con el fin de cerrar el agujero presupuestario y relanzar la actividad productiva. Los resultados, sin embargo, pueden ser bastante diferentes.
El Ejecutivo argentino lleva tiempo luchando por equilibrar las cuentas públicas. Hace casi un año, se vio obligado a recortar el salario de los funcionarios públicos en un 15%, lo que suscitó airadas protestas populares. Sin embargo, el Gobierno no consiguió su objetivo de reducir el déficit presupuestario a las cifras pactadas con el Fondo Monetario Internacional, y tuvo que pedir al FMI que le autorizase unos números rojos más elevados. El problema consistía, y consiste, básicamente, en que las previsiones de ingresos tributarios no se cumplen. De hecho, el año pasado se redujeron. Y es que en una economía en crisis, empobrecida y con unos políticos y funcionarios más bien corruptos resulta bastante difícil conseguir que la gente pague sus impuestos.
Ahora, el equipo económico de De la Rúa, con Domingo Cavallo a la cabeza, trata de aumentar la recaudación tributaria con el nuevo impuesto sobre las transacciones financieras. De esta forma se reduciría el déficit y los tipos de interés podrían bajar, lo que estimularía la competitividad y el relanzamiento de la actividad productiva. Pero, ¿qué garantía hay de que se vayan a recaudar los seis mil millones de pesos previstos si no se corrigen los males que explican la evasión tributaria? La estrategia más lógica, por tanto, hubiera sido el recorte del gasto público, como propuso Ricardo López Murphy en los quince días en que fue titular de Economía. Sin embargo, De la Rúa no quiso asumir el coste político de esa decisión, que se presumía elevado ante las oleadas de protestas que suscitó el plan de ajuste fiscal.
La Ley de Competitividad incluye también un retorno al proteccionismo, en forma de mayores aranceles para los bienes de consumo, aunque se rebajarán a cero para los bienes de capital. Con ello, el Gobierno de De la Rúa pretende favorecer a la industria local, cuya competitividad saltó por los aires con la fortaleza del dólar, con el que el peso mantiene una paridad fija de uno a uno, y las devaluaciones de sus vecinos del cono sur, especialmente Brasil, como consecuencia de la crisis financiera internacional de 1997. Esta medida podría suponer un alivio a corto plazo. Sin embargo, la experiencia latinoamericana, precisamente, demuestra que, a medio y largo plazo, es peor el remedio que la enfermedad.
En la década de los setenta, los países latinoamericanos aplicaron la fórmula que ahora rescata Cavallo, denominada industrialización sustitutiva de importaciones y los resultados fueron demoledores. La competitividad de la industria se deterioró, se perdió terreno en términos de modernización tecnológica y eficiencia, las exportaciones cayeron y, como consecuencia, los Gobiernos tuvieron que endeudarse en divisas para afrontar las crecientes necesidades de financiación de esa política hasta que se llegó a un punto, a principios de los ochenta, en que no pudieron devolver lo que debían y estalló la crisis de la deuda, cuyas consecuencias arrastró Latinoamérica durante un decenio.
¿Qué ha cambiado desde entonces en Argentina para que esto no vuelva a pasar? Nada, excepto su incorporación a Mercosur. La solución lógica a los problemas actuales de Argentina, por tanto, hubiera tenido que basarse en dos pilares: la reducción del déficit a través del recorte del gasto público y la devaluación del peso. Pero el Gobierno descartó la primera parte por el miedo a las protestas sociales y la segunda por el temor a la reaparición de la inflación en un país en el que, diez años atrás, los precios llegaron a crecer a una tasa anual del mil por cien. La conflictividad social no hay forma de evitarla, pero el resurgimiento del fantasma de la inflación sí, con la aplicación de una política monetaria ortodoxa. Esta fue la primera intención de Cavallo, padre del sistema cambiario actual del peso argentino. Sin embargo, De la Rúa no lo quiso por el temor a un estallido social. Y lo que puede terminar por reventar es la economía argentina, el Gobierno de Fernando de la Rúa y la propia estabilidad política si, como puede suceder, Argentina finalmente se ve abocada a adelantar las elecciones. La Ley de Competitividad, por tanto, parece más bien una ley de incompetencia.
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