Los auditores españoles han pedido que se rebaje su responsabilidad civil, que consideran demasiado onerosa para ellos, argumentando, por un lado, que ellos no pueden adivinar el futuro y, por otro, que muchas veces las empresas no dejan evidencias de lo que hacen. Desde su óptica, por supuesto, la demanda es lógica; desde los que necesitan la auditoría como garantía de salud de una empresa no lo es tanto.
Evidentemente, nadie le pide a un auditor que adivine su futuro. Su misión, realmente, no es esa, sino certificar que las cuentas que presenta una compañía en un momento determinado se corresponden con la realidad de esa sociedad mercantil. Por ello, lo que pueda suceder más adelante no es responsabilidad del auditor si su trabajo se ha hecho bien. Es más, una buena auditoría es la base para exigir las responsabilidades pertinentes a los administradores de una empresa que la lleven a situaciones difíciles porque la auditoría es el testimonio de que esa situación es el producto de su gestión, no de cómo estaba la empresa en un momento determinado.
La cuestión de que las compañías no dejan evidencias de sus acciones también es discutible. Es verdad que los maestros de la ingeniería financiera y demás artificios para ocultar malas gestiones e, incluso, actos delictivos, tratan de borrar las huellas. Pero, precisamente, el trabajo del auditor es el de no creerse las cosas y llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias para descubrir la verdad de las cosas y ponerla de manifiesto. Para eso la auditoría es obligatoria por ley en muchos casos, como en el de las empresas que cotizan en Bolsa, puesto que se trata de salvaguardar los intereses de todos, empezando por los accionistas. Pero ese trabajo no siempre se ha hecho. El caso Banesto es muy representativo al respecto. Las sanciones que han recibido en los últimos años algunas de las empresas que se dedican a la auditoría también, sanciones, además, impuestas por falsear los resultados de la auditoría para beneficiar a unos clientes que les dan a ganar muchos millones al año.
Con estos antecedentes, la responsabilidad civil de los auditores no debería reducirse. Es la mejor garantía de obligarles a hacer su trabajo con la necesaria profesionalidad y pensando en cuál es su verdadera razón de ser, que es, ni más ni menos, que defender los derechos de terceros, no a los gestores que contratan sus servicios.
En Opinión
Servicios
- Radarbot
- Libro