El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, acaba de manifestar su insatisfacción con el contenido del nuevo Estatuto de Cataluña en lo referente a las inversiones estatales. El Estatuto recoge la obligación del Estado de destinar a la región, durante siete años, el mismo porcentaje de inversión estatal en infraestructuras que representa la economía catalana sobre el conjunto nacional. Según Solbes, esta obligación supone un condicionamiento para la financiación autonómica, algo en lo que, tal y como recordó Solbes, quien tiene la última palabra es el Parlamento nacional.
La primera reflexión, que no la más importante, que suscitan las palabras de Solbes es que, si piensa de esa manera, debería haberse opuesto con más energía tanto al nuevo Estatuto catalán como al andaluz, el cual también recoge una obligación similar pero, en este caso, en términos de población. Solbes siempre defendió esa tesis, pero como vicepresidente económico que es, debería haber usado todo su poder y toda su capacidad de influencia para eliminar de dichos estatutos semejantes obligaciones. De poco sirve decir ahora que la última palabra la tiene el Parlamento nacional cuando ese mismo Parlamento ha sancionado esas obligaciones que Cataluña y Andalucía han impuesto al resto de España, al Estado español, y, al hacerlo, ha maniatado a las propias Cortes Generales para modificar esas obligaciones durante el plazo de tiempo que estén en vigor. Dicho de otra forma, los estatutos catalán y andaluz acaban de arrebatar al Estado competencias que les son propias, competencias que entran dentro del ámbito del Ministerio de Economía, el cual no ha sabido defenderlas como exigían las circunstancias. A Solbes, por tanto, ahora podría aplicársele aquello que le dijo su madre a Boabdil tras la pérdida de Granada: "No llores como una mujer lo que no has sabido defender como un hombre". Siendo la frase exagerada en la forma para este caso, su contenido, en cambio, es del todo punto válido.
Lo que dice Solbes, más allá de los lamentos, tiene, sin embargo, una significación mucho más profunda. Al referirse a lo que son competencias del Parlamento nacional en materia de financiación autonómica está reconociendo, implícitamente, esa invasión de competencias por parte del Estatuto catalán. Lo que viene a recordar Solbes es que es al Estado a quien le corresponde, en última instancia, fijar el contenido de la política de financiación autonómica, previo acuerdo al respecto con todas las comunidades autónomas. Ese es parte del papel que le toca desempeñar al Estado en nuestro país, un rol que ahora le han usurpado en parte. Pero al hacer ese reconocimiento de competencias, Solbes acaba de dar la razón a quienes han presentado sendos recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña sobre la base del modelo de financiación autonómica que establece dicho texto, esto es, el Defensor del Pueblo, el Partido Popular y las comunidades autónomas de La Rioja y Valencia. En este sentido, por supuesto, la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional, pero si Solbes piensa como piensa, no solo debería hacer todo lo posible porque el Gobierno respaldase estos recursos sino él mismo implicarse directamente en una interpretación acorde con su visión. Hoy no es el momento de lamentarse por como quedó el Estatuto catalán; hoy es el momento de hacer todo lo posible por devolver las cosas al sitio del que nunca debieron salir.
