La teoría constitucional dice que, en España, la Justicia es independiente del poder político y de cualquier otra cosa. A veces, sin embargo, ocurren cosas que hacen pensar en si se trata sólo de eso, de teoría. En este sentido, es llamativo que justo al día siguiente de que el presidente del BBVA, Francisco González, reformase el comité ejecutivo del banco para poder afrontar mejor los nuevos retos que se avecinan y las nuevas estrategias de futuro de la entidad bancaria, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, exculpara a veinte consejeros del BBV en la causa abierta por tener planes de pensiones secretos. Es como si, de golpe, hubiera que hacer borrón y cuenta nueva, en todos los sentidos.
A Francisco González no hay que reprocharle nada en este sentido. Cogió el timón del banco en un momento especialmente delicado, con la entidad en el punto de mira de todo el mundo tras destaparse el caso de las cuentas secretas de Jersey y de los planes de pensiones secretos de los consejeros precisamente cuando una de las principales preocupaciones de todo el mundo era la lucha contra los paraísos fiscales y demás fórmulas que, durante años, han permitido la ocultación y el blanqueo del dinero de las mafias y la financiación del terrorismo, a lo que se sumaban los embates sobre la entidad de la crisis de Argentina. Sin embargo, González ha sabido pilotar la nave con acierto y evitar que el BBVA fuese víctima de una crisis de confianza para poner rumbo hacia un futuro que exige la redefinición de las estrategias de negocio.
No obstante, tampoco se puede negar que ni al banco, ni al sistema financiero español les convenía estar todo el día en los papeles por culpa de los escándalos de las cuentas y los planes secretos, porque si se perdía la credibilidad en los mismos lo pagarían caro, primero ellos y luego la economía española. Esa era la gran preocupación del Gobierno en todo este asunto. Por ello, es inevitable preguntarse si existe algún tipo de relación entre la remodelación del consejo del banco y la exculpación de veinte de los anteriores consejeros, dejando encausados tan sólo a las cinco personas cuya firma aparece en documentos relacionados con el asunto de los planes de pensiones secretos. Parece como si, con ello, se hubiera querido dar carpetazo al asunto, lo que sin duda es bueno para el banco porque le evita estar todo el día en el punto de mira. La cuestión es si la forma en que se ha zanjado el asunto es igual de buena para la economía española, a la que, con esta decisión, se le podría haber enviado el mensaje de que todo es válido.
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