El Gobierno argentino ha aprovechado el cautiverio en que tiene a las empresas exportadoras de hidrocarburos para imponerles, con alevosía y nocturnidad, la tasa del 20% sobre las ventas al exterior de petróleo con la que recaudará 3.500 millones de dólares en cinco años. Hacía semanas que se sabía que ésta era la intención del Gobierno. Lo sorprendente es que el Ejecutivo ha tomado la decisión de forma unilateral, en plena negociación con el sector, que ofrecía un pago único de 1.400 millones de dólares, y la ha anunciado a las siete de la mañana hora española, dos de la madrugada en Buenos Aires. Y es que el Gabinete necesita imperiosamente recursos con los que compensar a la banca por las consecuencias de la devaluación tan chapucera que ha hecho para que el sistema financiero argentino no quiebre.
Esta es la realidad y la razón de la forma de proceder del Gobierno de Duhalde. Uno de cada cinco dólares recaudados por esta vía irá a parar a los bancos, que necesitan urgentemente algo que les ayude a evitar la quiebra. De momento, el banco central argentino les ha autorizado a no depositar en el mismo las reservas de divisas con el fin de que puedan seguir operando con ellas y consolidando sus balances. Pero no basta con ello. Por eso el Gobierno busca esa compensación, y lo ha hecho a través del impuesto a las exportaciones de petróleo porque sabe muy bien que si el sistema financiero quiebra, el país termina de hundirse en la miseria.
Esta bien que el Gobierno trate de evitar esta catástrofe. Lo que no es de recibo es la forma en que lo ha hecho. Podía haber elegido otras, como, por ejemplo, una verdadera reforma económica y fiscal que permita generar los ingresos presupuestarios necesarios. Pero ni el Ejecutivo tiene claro qué es lo que tiene que hacer en ese campo ni, probablemente, quiere realizarlo porque habría que tomar medidas impopulares que cuestan votos. Así es que cogió el camino más fácil, el de aprovechar la existencia de un sector cautivo, el de los productores de petróleo, que pueden desmantelar los pozos, pero no se pueden llevar los yacimientos de Argentina, y les ha obligado a aceptar el impuesto ya que carecen de escapatoria.
La decisión es un duro golpe para Repsol-YPF porque el dinero que tendrá que pagar en el próximo lustro equivale a la mitad de su beneficio de explotación. El golpe, por tanto, será duro para la petrolera, que ya afronta bastantes dificultades por el elevado nivel de deuda que soporta como consecuencia de la compra de YPF. De todas formas, no todo es negativo. La decisión del Gobierno ha permitido despejar las incertidumbres que rodeaban a Repsol YPF, que, gracias a ello y a que el impuesto ha sido más bajo de lo que había descontado el mercado, ha cerrado la sesión bursátil con una subida del 1,53%. Y aunque se trata de un pobre consuelo, no deja de ser consuelo en medio de las penalidades por las que atraviesa la petrolera que preside Alfonso Cortina.
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