La imputación de Estanislao Rodríguez Ponga en el caso BBVA por un delito fiscal en grado de colaboración tiene todos los tintes de una caza política para desgastar al Gobierno, en la que el secretario de Estado de Hacienda sería la víctima elegida.
Rodríguez Ponga trabajó en la asesoría jurídica del BBV cuando existían los famosos fondos secretos en la Isla de Jersey, pero entonces era un simple oficial, no el jefe de la misma, por lo que resulta bastante difícil pensar que pudiera saber algo de una operación que sólo conocía un selecto grupo de privilegiados en las más altas cumbres del banco. Por supuesto, quien acusa tendrá que presentar las pruebas de ello y, por lo que se sabe hasta ahora, todo se basa en el testimonio de un testigo que resulta harto sospechoso.
Más llamativo todavía es que quien le quiere imputar es ni más ni menos que el fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, un conocido socialista metido hasta los huesos en el entramado jurídico español que resulta ser tío de Trinidad Jiménez, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y posible candidata socialista a la Alcaldía de Madrid. Pero, además, Villarejo también tiene relaciones de parentesco con José Blanco, otro destacado miembro del equipo del secretario general de los socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero. Esto empieza a ser sospechoso, y más todavía que, adquiriendo los tintes políticos que está adquiriendo el caso BBVA, alguien con semejantes antecedentes y esas relaciones familiares no se inhiba del caso, que sería lo suyo.
Pero lo peor de todo es que en el momento de escribir este artículo nadie había imputado a quien entonces era el jefe de la asesoría jurídica del banco y, por tanto, superior de Rodríguez Ponga. Una persona que tiene bastantes más papeletas que el secretario de Estado de Hacienda de saber que es lo que se cocía con los fondos secretos del BBV, si es que se sabía algo a ese nivel.
El caso, por tanto, tiene todos los tintes de una caza política, de poner toda la maquinaria socialista, incluidos los tribunales, al servicio de intereses partidistas ajenos por completo a la búsqueda de la verdad. ¿O es que se han olvidado de que cuando el Gobierno habló de extender la investigación del caso hasta sus orígenes en 1987, lo que afectaría a ex altos cargos de los Ejecutivos socialistas, el propio Felipe González dijo que por que no se retrotraían las cosas hasta 1975? Mientras tanto, Rodríguez Ponga tiene todo el derecho del mundo a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, si es que puede hacerse. Y sobre todo, hay que recordar que ser imputado no significa ser culpable. Algunos destacados miembros del ‘felipismo’ lo saben muy bien.
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