Al final parece que habrá comisión de investigación del caso Gescartera, pero dimisiones, lo que se dice dimisiones, por ahora no, como si bastara con la que presentó en su momento el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna.
El Gobierno del PP ha decidido, por fin, que se cree una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para aclarar todo este feo asunto de Gescartera. Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que se indagará a fondo en la participación de la Agencia Tributaria en este caso, que tiene demasiados visos de trama de fraude fiscal que ha terminado en presunta estafa. Todo esto está muy bien, porque, ante todo, hay que dejar claro a los ahorradores españoles que cosas como la de Gescartera son raras excepciones en el panorama financiero de nuestro país, en el que lo normal es que los administradores de fondos y de casas de valores sean gente honrada a la que se les puede confiar con tranquilidad nuestros ahorros. Que luego proporcionen más o menos rentabilidad dependerá de la pericia de cada gestor pero, desde luego, nadie se lleva lo que no es legítimamente suyo. También es bueno que se averigüe qué papel ha desempeñado en todo esto el órgano encargado de luchar contra el fraude tributario, puesto que, nos guste o no, Hacienda somos todos, por lo que debe perseguirse a quien incumpla sus obligaciones fiscales y a quien le ayude a hacerlo.
A pesar de todo ello, en este asunto queda un mal sabor de boca. El Gobierno debería haber concedido desde un principio la comisión de investigación. Sin embargo, no lo ha hecho hasta que el asunto empezó a escapársele de las manos. Y eso siempre da que pensar, porque si uno está limpio, no pone inconveniente alguno a que se investigue lo que sea. El PP, que hace cuatro años se comprometió a limpiar y dignificar la vida política española, ha perdido una buena ocasión para hacerlo.
Luego está el asunto de las dimisiones. Desde la CNMV se niega que su presidenta, Pilar Valiente, haya puesto su cargo a disposición del Gobierno. Sea como fuere, debería haberlo hecho. Primero, por la responsabilidad más que evidente de la Comisión en todo este caso; segundo, porque Valiente lleva ya tiempo en la CNMV y cuando se produjeron las irregularidades denunciadas ella ya era vocal de este organismo, con lo que el caso Gescartera no le pilla de sorpresa; tercero, porque después de lo que dijo Rodrigo Rato el viernes –aquello de que Valiente ofreció “información veraz”, pero “la podría haber dado con más consistencia”– suena claramente a desmarcarse de ella en medio de la crisis, a desautorizarla en la medida en que un vicepresidente económico puede desautorizar a una presidenta de la CNMV; en definitiva, a decir bien alto y claro que Rato no quiere saber nada del asunto y que allá se las apañe Pilar Valiente como buenamente pueda. Y eso no es bueno para una institución como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que se va a pasar el día en el disparadero. Aunque sólo fuera para evitar esto último, Pilar Valiente debería irse.
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