La Junta de Extremadura, que preside el inefable Juan Carlos Rodríguez Ibarra, acaba de anunciar que presentará ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra esa Ley de estabilidad presupuestaria que obliga a las autonomías a mantener sus cuentas equilibradas. Hasta aquí, lo único extraño es el tiempo que ha tardado ese Ibarra tan amigo de subir impuestos, en contra incluso de los propios postulados de su partido, el PSOE, en tomar semejante decisión. Y es que a Ibarra nunca le ha gustado que le digan lo que tiene que hacer y se ha agarrado al argumento de la autonomía fiscal de su región para sustentar el recurso. Pero, esta vez, el político extremeño puede encontrarse con la horma de su zapato. Y es que este TC no es el mismo que el Tribunal de hace unos meses que, en materia económica, fallaba sistemáticamente a favor de las autonomías y en contra del Estado en interpretaciones de la Carta Magna más que discutibles.
¿Qué ha cambiado? Pues el presidente y la propia composición del TC, pero sobre todo el presidente. Y esto es importante porque Manuel Jiménez de Parga, el nuevo presidente, es un hombre que interpreta la Constitución en el sentido de que reconoce al Estado, al menos, dos grandes capacidades, la de ordenar la actividad productiva y, en consecuencia, la de establecer las directrices de política económica. Jiménez de Parga ha hecho explícita esta interpretación en bastantes ocasiones, que coincidían con votos particulares contra sentencias del TC en materia económica, como las de suelo, comercio o defensa de la competencia.
Desde esta óptica, por tanto, el Gobierno tiene todo el derecho de aprobar una ley como la de estabilidad presupuestaria y las autonomías que la recurran, en consecuencia, están condenadas a perder. Y lo más lógico es que el TC siga este criterio, como puso de manifiesto hace dos semanas con la sentencia sobre las subidas de sueldo a los funcionarios de Asturias por encima de las acordadas por el Gobierno para el conjunto del Estado, en el que la más Alta Magistratura del Estado falló a favor del Ejecutivo reconociéndole esa capacidad de establecer las directrices generales de política económica. Ibarra, por tanto, puede empezar a tomar buena nota de ello, porque lo más probable es que su recurso sea una pérdida de tiempo y de dinero.
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