Sindicatos y patronal han roto las negociaciones para el acuerdo nacional sobre negociación colectiva para este año. Teniendo en cuenta tal y como se está desarrollando la crisis económica, probablemente se trata de una buena noticia.
No cabe duda de que, en una situación como la presente, en la que hay tanto por hacer para frenar la sangría del paro y su transformación en el más dramático problema social, que es el de la miseria de esos 442.000 hogares en España que no perciben ingreso alguno –y los que, por desgracia, están por venir– es mucho mejor hacer las cosas con consenso, con todos remando en la misma dirección, siempre y cuando no se sacrifique lo fundamental, lo decisivo para superar esta situación, en aras de presentar una imagen de unidad y tratar de evitar el debate público o la conflictividad social. El acuerdo entre patronal y sindicatos no ha sido posible debido a que las centrales pedían un incremento salarial para este año de entre el 2% y el 3%, algo a lo que dadas las circunstancias actuales los empresarios no estaban dispuestos, con lo que las negociaciones se estancaron y ese diálogo social que Zapatero decía querer pero que no promovió posiblemente haya recibido la puntilla, aunque no creo que haya que lamentarse por ello. Es más, puede que sea lo más sensato.
Los sindicatos pedían dicha subida salarial porque, según decían, todos los años se sentaban a negociar sobre la base de la inflación prevista, en contra de las peticiones de moderación salarial surgidas desde el Gobierno y desde el Banco de España. Sin embargo, las centrales prestaron oídos sordos, en parte ante el ejemplo tan negativo deparado por el Ejecutivo con la subida salarial a los funcionarios por encima de la inflación prevista, lo que, en buena medida, obligaba a los sindicatos a pedir lo mismo a las empresas. El sector privado, sin embargo, no es el sector público, que no se rige por los dictados y necesidades de la cuenta de ganancias sino por otro tipo de motivaciones, con lo cual puede permitirse el lujo de subir el sueldo a los funcionarios aunque sea a costa de mayores impuestos o de alimentar un déficit presupuestario más que cuestionado por la Unión Europea. En cambio, para las empresas es vital adaptar la evolución de sus costes a la realidad del entorno económico de su actividad. En caso contrario, están condenadas a las pérdidas, primero, y a la quiebra, después.
Pues bien, la realidad a la que se enfrenta la mayor parte de las empresas españolas es a una fuerte caída de sus ingresos, derivada del hundimiento de la demanda que ha provocado la crisis y de la necesidad de ajustar los precios a la baja para poder competir y dar salida a los productos que, cada vez más, se apilan en sus almacenes. De hecho, son bastantes los analistas que consideran posible que este año España tenga una inflación negativa o nula, precisamente como consecuencia de ese proceso de reducción de precios que, de no llevarse a cabo, condenaría a un número aún mayor de trabajadores a perder su empleo y a la compañía, en última instancia, a la desaparición. En este contexto, no sólo es lógico que los salarios no crezcan como piden los sindicatos, si dicho crecimiento no está cimentado en sendas y sólidas ganancias de productividad, sino que se congelen en caso de ser necesario. Lo contrario no es más que alimentar el paro.
Por otra parte, conviene recordar lo que desde hace años muchos vienen pidiendo, que es la descentralización de la negociación colectiva con el fin de que su contenido se adecue a la realidad de la empresa, un punto éste que debería haberse incluido en anteriores reformas laborales y que, sin embargo, nunca se ha llevado a cabo. Ahora, sin embargo, aparece más clara que nunca la necesidad de que la negociación colectiva se descentralice y tenga lugar a nivel de empresa, con el fin de adaptar su contenido a la realidad de la compañía. Las habrá que puedan subir salarios, incluso por encima de la inflación, porque su productividad y sus propias circunstancias así se lo permiten, pero las habrá también que no puedan si no es a costa de puestos de trabajo o de su propia supervivencia, Esta es la realidad de la crisis, que no se puede permitir el lujo del café para todos sino tan sólo para aquellos que estén en condiciones de abonarlo.
Por todas estas razones, aunque siempre es mejor que las cosas resulten del diálogo y la negociación, no hay por qué rasgarse las vestiduras porque sindicatos y empresarios hayan puesto el punto final a las negaciones para un acuerdo sobre la negociación colectiva. Posiblemente, esa ruptura es lo mejor que podría suceder en estos momentos, teniendo en cuenta cómo están las cosas. Una ruptura, por otra parte, que, al implicar el fin del diálogo social, obliga más que nunca al Gobierno a legislar en materia laboral, le guste o no, y a hacerlo con las medias que son necesarias, por duras que éstas puedan ser, no a poner parches que, a medio plazo, agraven más la situación. La cuestión es si el Ejecutivo, este Ejecutivo, se atreverá a tanto.