No es muy normal que un Gobierno privatice una empresas pública y, al mismo tiempo, conserve mecanismos para poder influir en algunas de sus decisiones. La "golden share" o "acción de oro" es, básicamente, eso, la fórmula de que se han dotado los Ejecutivos para impedir ciertas operaciones de la empresa o sobre ella, especialmente en todo lo relativo a la entrada de nuevos socios, tomas de participaciones y operaciones de concentración sobre las que el Estado se arroga el derecho de veto. El Tribunal de Justicia europeo acaba de sentenciar en contra de estas prácticas cuando impiden la libertad de movimientos y de inversiones en la Unión Europea.
La sentencia del Tribunal de Luxemburgo, contraria a las "acciones de oro" instauradas en Francia y Portugal -aunque aprueba la de Bélgica-, es ejemplar en este sentido porque una cosa es proteger durante un tiempo a una empresa que antes era monopolio público para permitir que surja la competencia en un mercado y otra muy distinta que esa medida sirva directamente para evitar que una empresa privatizada caiga en manos del capital extranjero: lo primero puede tener lógica; lo segundo atenta contra los principios de libertad de movimientos y de competencia que constituyen uno de los pilares básicos del entramado institucional de la UE. Por esta razón, Francia y Portugal han sido condenados.
En España también hay "acción de oro" en Telefónica, Endesa, Indra y Repsol. Según el secretario de Estado de Economía, José Folgado, nuestro país no va a tener problemas en este sentido, pero el vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, se ha mostrado mucho más prudente y ha dicho que estudiará la sentencia porque, al menos, puede haber algún caso en la que la "golden share" no se ajuste a la legislación comunitaria. Este es el de Repsol, puesto que, al menos sobre el papel, hay competencia en la distribución y comercialización de hidrocarburos en España, donde también operan Cepsa y BP y deberían poder entrar nuevos competidores. Por tanto, la "acción de oro" sobre la petrolera que preside Alfonso Cortina podría ser rechazada por el Tribunal de Luxemburgo. Eso alteraría muchas cosas, entre ellas que suprimiría el principal obstáculo para lanzar una OPA sobre Repsol por parte de alguna petrolera extranjera. Una sentencia en contra del Tribunal Europeo haría saltar por los aires el blindaje de Repsol sin crear problemas en el mercado español porque siempre habría, cuando menos, los tres operadores actuales, salvo que quien lanzara la OPA fuese BP en cuyo caso tendrían que intervenir las autoridades de defensa de la competencia.
En cualquier caso, la posibilidad de una OPA sobre Repsol se acrecienta: si al desplome de su cotización en Bolsa y a su tamaño más bien pequeño se une ahora la desaparición de la ‘golden share’, el plato estaría listo para ser servido.
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