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Emilio J. González

Cuestión de confianza

El Gobierno debe dar muchas explicaciones en este sentido porque en todo lo que ha dado origen al escándalo de Afinsa y el Fórum el Estado ha hecho una dejación de funciones inadmisible y puede haber actuado con negligencia.

Emilio J. González
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Todo sistema financiero, para que funcione correctamente, debe basarse en la confianza de los clientes de las entidades financieras de que van a recuperar el dinero depositado o invertido en ellas. Si esa confianza se quiebra, el sistema financiero entonces se resiente y no cumple con su función de intermediación entre quienes disponen de dinero, los ahorradores, y quienes lo necesitan, las empresas. Por eso, todos los Estados modernos cuentan con regulaciones y organismos supervisores del sistema financiero, cuyo fin primordial es la protección de los derechos de los inversores frente a lo que puedan hacer las entidades a las que se confía el dinero o lo que pueda ocurrir con ellas. Estos días empezamos a asistir en España a una crisis de confianza en las inversiones alternativas, como consecuencia del escándalo de Afinsa y el Fórum Filatélico. El Gobierno debería hacer algo para pararlo ya que, en cierto modo, el propio Estado puede ser responsable en parte del mismo.
 
Las sociedades dedicadas a la inversión alternativa llevan tiempo operando en España sin que se haya producido ninguna regulación acerca de las mismas, cuando su operativa es muy similar a la de otras entidades financieras: recaban dinero de los ahorradores con el fin de obtener para ellos una rentabilidad a lo largo del tiempo, mientras invierten el dinero en eso que el Gobierno ha denominado activos tangibles para excluir a estas inversiones de la regulación y supervisión de los correspondientes órganos. Sin embargo, los fondos de inversión inmobiliaria, que también invierten en activos tangibles –bienes inmuebles–, sí se encuentran sometidos a dicha regulación y supervisión por parte de la CNMV. Entonces, ¿por qué las sociedades que invierten en sellos, árboles, arte, etc..., no lo están?
 
El Gobierno debe dar muchas explicaciones en este sentido porque en todo lo que ha dado origen al escándalo de Afinsa y el Fórum el Estado ha hecho una dejación de funciones inadmisible y puede haber actuado con negligencia. Las asociaciones de usuarios de servicios financieros vienen reclamando desde hace algunos años una regulación y supervisión de las sociedades de inversiones alternativas sin obtener respuesta alguna por parte del Gobierno. Es más, algunas sociedades de inversiones alternativas han tratado de plantear al Ejecutivo la necesidad de establecer una regulación y una supervisión de sus actividades, con el fin de garantizar la protección adecuada de los derechos de los ahorradores, y, sin embargo, no han conseguido nada. Es lo que viene ocurriendo, por ejemplo, con las empresas que invierten en árboles, que han tratado en varias ocasiones de que el Ministerio de Medio Ambiente promueva en el seno del Gobierno la creación de un marco regulatorio y el establecimiento de un sistema de supervisión para sus actividades. Esperemos que ahora que las dos principales empresas de este subsector de inversiones alternativas –Bosques Naturales y Maderas Nobles– van a pedir por escrito al Ejecutivo que cree ese marco y esa supervisión porque lo que se juegan estas compañías y sus promotores son la confianza de sus clientes, que nunca ha estado en entredicho hasta que el escándalo de los sellos ha empezado a afectarles a ellas también de forma tan indirecta como injusta.
 
¿Y qué decir de los supervisores del sistema financiero? El pasado domingo, un oyente de la COPE comentó que se había dirigido al Banco de España para recabar información acerca de si había o no problemas con el Fórum Filatélico, a lo que el Banco le contestó que todo estaba bien. Sin embargo, en los últimos años, el Banco ha tenido problemas con el Fórum. Con la CNMV ha ocurrido tres cuartos de lo mismo. A ella se dirigieron en el pasado varias personas interesadas en si había regulaciones o no por parte de la CNMV para las inversiones alternativas, si había sociedades o productos inscritos allí, etc. y la CNMV dio la callada por respuesta, en lugar de contestar, como hubiera sido lo lógico, que las inversiones alternativas no entraban en el ámbito de competencias que le había adjudicado la ley del mercado de valores, ni realizó aviso alguno acerca de que las sociedades de inversión alternativas no estaban sometidas a su regulación ni supervisión.
 
La sucesión de despropósitos no concluye aquí, sino que ahora le toca, nuevamente, al Gobierno. El Ejecutivo tendría que haber reaccionado desde un primer momento con el anuncio de una nueva ley para establecer una regulación y una supervisión adecuadas de las sociedades de inversiones alternativas, con el fin de evitar la desconfianza de los inversores hacia aquellas compañías honradas y honestas, que invierten en lo que dicen y que, en estos últimos días, han devuelto sin problemas el dinero a todo aquel que se lo ha requerido. En otras circunstancias, el Gobierno podría haber alegado para no estar actuando como debería hacer que todo esto le ha cogido por sorpresa. Pero cuando se enviaron inspectores hace dos o tres meses a las sedes de Afinsa y el Fórum estaba claro que se sabía qué podía estar ocurriendo y, por tanto, al Ejecutivo no le ha cogido tan de nuevas como pretenden hacer creer algunos de sus miembros con su política de echar balones fuera. ¿Cómo explica el Gobierno todo lo anterior? ¿Qué va a hacer para fortalecer la confianza en las sociedades honestas que han hecho de la inversión alternativa su vocación y su razón de ser?

El Sr. González es profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Comentarista político en el programa Es la Mañana de Federico, de esRadio. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital.

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