En circunstancias normales, la salida de Aurelio Martínez de la presidencia del ICO para presidir Navantia sería un hecho sin la menor importancia que, desde luego, no merecería el menor comentario. Pero aquí no estamos en circunstancias normales, sino en una operación de amplio calado por parte de Zapatero, consistente en remover todos los obstáculos que le impiden llevar a cabo libremente sus designios en materia de política económica. El cese de Martínez responde a esta estrategia.
Zapatero se quitó de en medio a Solbes y puso en su lugar a Elena Salgado porque el ex comisario europeo le ponía demasiadas objeciones al presidente del Gobierno a la hora de desplegar sus insensatos planes. Que ZP quería tirar de chequera para alimentar el gasto público de naturaleza electoralista y populista, Solbes enseguida salía advirtiendo que no había margen para seguir dilapidando los escasos recursos públicos. Que el presidente quería satisfacer como fuera a Cataluña con la financiación autonómica, con el fin de evitar una crisis política en el tripartito y garantizarse cierta estabilidad parlamentaria mediante el apoyo de ERC, Solbes hacía cuentas y ponía a disposición de los planes de Zapatero el dinero que verdaderamente podía destinar a ese fin, por supuesto una cantidad muy inferior a la que ERC ha acabado por arrancar a Zapatero. Y el presidente, harto de que siempre apareciera Solbes con su calculadora para chafarle los planes, decidió tirar por la vía de en medio, quitárselo de encima y poner en su lugar a una Elena Salgado que le consiente todos sus caprichos y le deja actuar a su libre albedrío, haciendo y deshaciendo lo que quiere con los dineros públicos y con una vicepresidenta económica que, lejos de tratar de poner un mínimo de cordura entre tanto disparate, lo que hace es facilitar a Zapatero el despliegue de sus catastróficas iniciativas económicas.
Aurelio Martínez, un hombre de Solbes, venía actuando en el ICO como hacía en la Vicepresidencia Económica del Gobierno quien le nombró para el cargo, es decir, con la prudencia lógica que requieren las circunstancias. El ICO, por supuesto, está dispuesto a facilitar la financiación a las empresas y a hacer que circule el crédito hipotecario. Esa es su misión y para eso el Gobierno ha aprobado ingentes cantidades de dinero con el fin de tratar de revitalizar una actividad productiva con el pulso muy bajo. Pero la entidad crediticia pública no olvidaba que su labor también tiene que estar presidida por criterios de prudencia, que no se trataba de conceder créditos a fondo perdido o avalarlos sin tener en cuenta la viabilidad de los proyectos o la capacidad de pago de quienes los solicitaban. A fin de cuentas, un crédito, por muy público que sea, no deja de ser un crédito, que no es lo mismo que una subvención, ni el ICO deja de ser una institución financiera cuya gestión debe estar sometida al principio de prudencia, entre otros. Por este motivo ha venido exigiendo a los demandantes de crédito, o de avales, que, en cierto modo, demuestren la viabilidad de sus proyectos o su capacidad de devolución del préstamo, algo del todo punto lógico se mire como se mire. Esta necesaria prudencia, sin embargo, ha hecho que el crédito del ICO no fluya como a Zapatero le gustaría porque ni las circunstancias económicas están como para que una entidad financiera baje la guardia, ni la política económica del Gobierno invita a pensar que las cosas van a cambiar en breve, sino todo lo contrario.
En este contexto, un Zapatero empeñado en relanzar la economía como sea a partir de sus equivocadas ideas keynesianas, ha decidido quitarse de en medio otro obstáculo y poner al frente del ICO a alguien más proclive con su forma de pensar, más dispuesto a abrir la mano a la hora de conceder créditos. Y es que el presidente del Gobierno sigue empeñado en pensar que todo se va a resolver a base de que los españoles consuman más y de que las empresas obtengan más préstamos, aunque solo sea para evitar que muchas de ellas quiebren porque las administraciones públicas no les pagan lo que les deben. Que luego no se recupera ese dinero, en parte o en su totalidad, no pasa nada. Que esto provoca un agujero en el ICO, pues se emite más deuda pública para cubrirlo y listos. Por desgracia, esta forma de pensar es como el cuento de la lechera y Zapatero no se da cuenta de que puede romper el cántaro de leche porque el Ejecutivo no va a tener nada fácil colocar en los mercados tantos títulos como va a necesitar emitir el Estado de aquí en adelante. Y, mientras tanto, si nadie le pone freno, Zapatero puede acabar por llevarse por delante al propio ICO. Es una factura demasiado elevada por el deseo del presidente de mantenerse en el poder a cualquier precio y sin hacer lo que hay que hacer para solucionar los problemas de la economía española.