La decisión del Partido Socialista de Álava de posponer su apoyo a la fusión de las cajas de ahorros vascas tiene un valor político incuestionable para la preservación de la unidad de España en unos momentos en los que el Gobierno de Zapatero la ha puesto en cuestión con su actitud frente al proyecto de nuevo estatuto catalán.
La fusión de la vizcaína BBK, la guipuzcoana Kutxa y la alavesa Vital, promovida por el PNV, es un paso esencial para cualquier proyecto independentista que quiera dotarse de unos mínimos de viabilidad. La segregación de una comunidad autónoma del resto de España, para constituirse como un Estado soberano, necesita contar con varios elementos de índole económica. De alguna forma tiene que resolver cuestiones como el abastecimiento energético o la prestación de servicios de telecomunicaciones, aunque esto es algo que pueden llevar a cabo empresas de otros lugares, aunque los nacionalistas, por su propia lógica, prefieren que se hagan cargo de estos servicios compañías que se encuentren bajo su control. Esta lógica explica, en parte, el deseo de Gas Natural de hacerse con Endesa; también, que en los acuerdos de Gobierno alcanzados por el PP y el PNV en 1996 esta última formación pidiera a cambio, entre otras cosas, la posibilidad de crear una empresa de telecomunicaciones vascas, un deseo que vio convertido en realidad en 1997 con la nueva ley de telecomunicaciones gracias a la cual el Ejecutivo de Ajuria Enea pudo crear Euskaltel. Pero lo que no puede hacer nadie de fuera es el papel de banco central.
Un banco central es uno de los pilares básicos de una economía. Esta institución es la encargada, en todas las naciones del mundo, de supervisar el sector crediticio, tan importante para el buen funcionamiento de la economía. En aquellos países que no pertenecen al euro, además, desempeña un papel todavía más fundamental porque el banco central es el encargado de emitir dinero y manejar los tipos de interés. Pero una institución de estas características no se levanta de la noche a la mañana. Recuérdese, por ejemplo, que para crear el Banco Central Europeo se necesitaron cuatro años y medio, y fueron necesarios otros tres años y medio más para que el euro empezase a circular físicamente. Y eso que se partía de una situación en la que los países que iban a integrarse en la Unión Monetaria Europea ya tenían sus propios bancos centrales, que colaboraron en todo momento con el proyecto. Si todo esto proceso ya fue largo y difícil de por sí, lo sería mucho más para cualquier región de cualquier país del mundo que se transformase en un Estado soberano porque no tiene un banco central propio.
En este sentido, los proyectos independentistas necesitan que en la región en cuestión exista una entidad financiera que puedan controlar los nacionalistas para transformarla después en un banco central. En Cataluña, el tripartito podría imponer este rol a La Caixa, una de las entidades crediticias y financieras más importantes de España, por su tamaño y su presencia en todas las provincias catalanas. En el País Vasco, sin embargo, no existe una entidad similar, sobre todo desde que los dirigentes del BBVA recalcaron, por activa y por pasiva, la españolidad del banco. El propio Gobierno de Zapatero conoce la importancia estratégica del BBVA al respecto, como puso de manifiesto el vicepresidente económico, Pedro Solbes, cuando, en pleno asalto de Sacyr Vallehermoso a la entidad que preside Francisco González, pidió el pasado 11 de enero una solución que garantizase, entre otras cosas, la “españolidad” del banco. Un comentario que provocó las iras del PNV y que obligó a la vicepresidenta política, María Teresa Fernández de la Vega, a salir a la palestra dos días después para matizar las palabras de Solbes.
Sin el BBVA, por tanto, al PNV no le quedan más opciones para dotar a su proyecto independentista de la necesaria entidad financiera que crear una propia o llevar a cabo la fusión de las tres cajas vascas. Desde esta óptica, tiene toda la razón el alcalde de Vitoria, el popular Alfonso Alonso, cuando alega que “no se trata de una fusión solo económica, sino que las cajas tienen un control político, y todos lo sabemos” como uno de los argumentos fundamentales para oponerse a la creación de la macrocaja vasca.
