Confieso que cada día entiendo menos lo que pasa en este país. Una cosa es que el Gobierno apruebe el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, que a fin de cuentas es quien lo ha diseñado, aunque mal, y otra cosa es que encima lo haga gracias a los votos del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, la única formación política que lo ha respaldado a pesar de haberse hartado de criticarlo. Pues si tan malo es, que lo es, el PP debería haber obrado en consecuencia. Porque, seamos serios, el FROB, tal y como ha sido concebido, y con todos los problemas que está creando, jamás debería haber sido aprobado tal y como está.
De entrada, el real decreto ley le concede al Gobierno unas potestades sobre la reordenación del sistema crediticio que no le son propias, sino que le corresponden al Banco de España. Pero Zapatero y los suyos quieren hacer y deshacer a su gusto y así han elaborado el texto que han elaborado. En cualquier otro país occidental si el Ejecutivo se hubiera arrogado para sí semejantes competencias hubiera puesto los pelos de punta a muchos ciudadanos. Si, además, se trata del Gabinete de ZP, tan amigo de intervenir en todos los aspectos de la vida política, económica y social para controlarlo todo, como ya ha demostrado en casos tan vergonzosos como el intento de asalto al BBVA o el escándalo de Endesa, es como para salir corriendo. Lo lógico hubiera sido dejar todo en manos del Banco de España, que tiene una gran experiencia y un enorme conocimiento acerca de cómo tratar las crisis bancarias. Pero como Zapatero quiere politizarlo todo y pretende aparecer él en persona como el gran salvador de este país, ha colocado al supervisor bancario como recurso de última instancia, para cuando todo lo demás haya fallado y, probablemente, la cosa ya no tenga solución, que es lo que puede ocurrir en más de un caso y en más de dos.
Por desgracia, la crítica al FROB no termina aquí. Es que, además, el Gobierno ha sido tan torpe que, a través del FROB, va a enterrar miles de millones de euros en el saneamiento de las cajas de ahorros y, cediendo a la presión de los barones regionales socialistas, va a renunciar al ejercicio de las competencias propias de las participaciones que va a adquirir en las cajas a través del Fondo. Si un Ejecutivo pone dinero público –tanto dinero como el que va a enterrar España en el saneamiento de las entidades financieras– lo menos que debe hacer es garantizarse los derechos de voto en el seno de dichas entidades, con el fin último de asegurarse de que las cosas se hagan bien, que se protejan los derechos de los contribuyentes, si es que puede hablarse de tales con tanto intervencionismo; que los responsables de haber llevado a esas entidades al desastre respondan ante quienes deben hacerlo, incluidos los tribunales, para que no vuelvan a repetirse semejantes conductas –el ejemplo del caso Madoff sigue presente en la memoria de todos–, y que, en la medida de lo posible, se devuelva el dinero que se va a destinar a esta operación de rescate, como ya están haciendo los bancos de Estados Unidos. Pues no, aquí el Gobierno ha renunciado a semejantes competencias porque molestan a las autonomías, así es que mucho me temo que las ayudas del FROB vayan a ser, en última instancia, a fondo perdido sin que, además, nadie pague por lo que ha hecho.
Lo que ya es el colmo es que la normativa reguladora del FROB no deje bien claro a las autonomías que si el Estado va a tener que poner miles de millones de euros para salvar sus arruinadas cajas de ahorros, a causa de tanta politización de las mismas, es el Estado quien va a marcar las reglas del juego, no los Gobiernos regionales. Éstos, sin embargo, amenazan con recurrir el real decreto ante el constitucional, amenazas que, por ahora y curiosamente, provienen de cuatro autonomías gobernadas por los socialistas: Cataluña, Aragón, Andalucía y Extremadura. Es decir, los caciques locales de nuestros diecisiete reinos de Taifas quieren el dinero del Estado para salvar sus cajas, pero no quieren perder su control bajo ningún concepto porque constituyen un instrumento muy valioso de su estrategia política de dominación de la sociedad. Esto, simplemente, es inaceptable. Si las comunidades autónomas no quieren que el Estado diga lo que tienen que hacer las cajas y quién se tiene que fusionar con quién –aunque esa operación no tenga lugar entre entidades de la misma región–, entonces que sean los gobiernos regionales los que aporten los recursos. Porque son ellos los que han llevado a las cajas al desastre y ahora hay que salvarlas con el dinero de todos. Esto no tiene sentido. Por ello, las ayudas del FROB deben estar condicionadas a que las autonomías no puedan imponer su criterio, que no es otro que el de mantener a las cajas bajo su control político. Y quien recurra, que se busque por sí mismo el dinero para rescatar a sus cajas. Pero eso es lo que no quieren los políticos regionales, entre otras cosas porque el volumen de activos de sus cajas de ahorros alcanza porcentajes bastante considerables de los respectivos PIB regionales y, por tanto, no tendrían recursos suficientes para afrontar esta operación de salvamento. Éste, y no otro, es el verdadero quid de la cuestión. Que los catalanes, aragoneses, andaluces y extremeños no quieren que el Gobierno nacional se entrometa en sus cajas, pues que las salven ellos como puedan y con lo que puedan y dejémonos ya de tanto cachondeo.
Así las cosas, lo insólito es que el PP haya respaldado el real decreto de creación del FROB, que no hay por dónde cogerlo. ¿Qué pretende con ello? ¿Qué no salga a la luz lo que pasa con las cajas valencianas, o las de Castilla y León, controladas por ellos? Al final, todos son iguales.